¿Fracaso del liberalismo español? Breve resumen del siglo XIX

Los siguientes párrafos tienen como principal objetivo ofrecer un resumen o, mejor dicho, una vista panorámica de la construcción del Estado liberal español durante  el siglo XIX, el cual lo podemos iniciar en 1808 (comienzo de la Guerra de la Independencia) y finalizarlo en 1902 (mayoría de edad de Alfonso XIII).

Como es sabido, el siglo XIX fue la época del liberalismo. La Revolución francesa de 1789 desmoronó por primera vez en Europa el absolutismo. Pese a los intentos por resucitarlo en los años posteriores a la derrota napoleónica y el Congreso de Viena, la realidad fue que el liberalismo –si exceptuamos Rusia- se impuso sobre el continente de una forma u otra. A finales de siglo, algunos países habían abierto sus regímenes lo suficiente para que podamos hablar de democracias o, en su caso, era una opción política que se hacía notar.

En el caso español, se ha producido un profundo debate acerca de la naturaleza del siglo XIX. La pregunta más concreta sería si, en realidad, se construyó un Estado liberal. Para algunos, como en el resto de Europa, la respuesta es afirmativa. Para otros, en cambio, fue un auténtico fracaso, puesto que se produjeron durante todo el periodo, según alegan estos últimos, continuos cambios de gobierno y constituciones (la gaditana de 1812, el Estatuto Real de 1834, la progresista de 1837, la moderada de 1845, la democrática de 1869 y la de la Restauración de 1876, sin contar con los proyectos constitucionales de 1852, 1856 y 1873) y, por tanto, un siglo marcado por la inestabilidad –a excepción del último cuarto-. Observan, del mismo modo, numerosas pervivencias del Antiguo Régimen. Pero, especialmente, la constante intromisión del ejército en la vida política (pronunciamientos), la existencia de grupos cercanos al poder, pero ajenos al sistema parlamentario, que intentan influir (camarillas), así como un falseamiento electoral.

En realidad, en un examen global de la historia decimonónica española y la europea en general se puede observar que el proceso de construcción del Estado liberal español está en consonancia con lo que sucede en el resto de Europa. En otras palabras, no podemos estudiar la historia española como un compartimento estanco –tendencia muy habitual- ajena al resto de Europa. España, evidentemente, era un Estado de segundo orden –como otros muchos-, pero ello no implica, desde luego, que se mantuviera aislada.

Solo podemos hablar de fracaso si comparamos la historia española con la inglesa y consideramos que esta última era el modelo a seguir. Gran Bretaña presenta un modelo sin sobresaltos, esto es, se produce una gradual apertura de su régimen sin necesidad de revoluciones, golpes de Estado, pronunciamientos, etc. Los cambios se llevan a cabo desde arriba por los propios Gobiernos y clases dirigentes sin ningún tipo de ruptura o retroceso. Si tomamos el ejemplo del derecho al sufragio, este es cada vez más amplio hasta que finaliza el siglo con el sufragio universal masculino. Si este era el modelo a seguir, podríamos concluir que, a excepción de Bélgica, toda Europa fracasó en el montaje de Estados liberales. Esto, evidentemente, es un absurdo, pues nadie ha puesto en tela de juicio, por ejemplo, que Francia fracasara al construir su Estado liberal, pese a que este país presenta un proceso mucho más dislocado que el caso español. Tras los sucesos de Termidor en 1794 se produce un claro retroceso respecto al sistema democrático que suponía la Convención, y tras la derrota napoleónica, se retornó el absolutismo. El sistema liberal tuvo que ser reestablecido mediante una nueva revolución, la de 1830, que puso fin al absolutismo y a la dinastía de los Borbones. Fue todavía necesaria otra, la de 1848, para establecer el liberalismo en su vertiente democrática, aunque el nuevo régimen apenas se mantuvo unos años. Pocos años después, en 1852, se proclamaba un nuevo Imperio por parte de Napoleón III, lo que suponía, por tanto, un nuevo retroceso. Qué decir que este solo cayó tras la proclamación de la Tercera República debida nada menos que a la derrota militar contra Prusia en 1871.

En el caso español, en buena medida, se observa siempre un cambio desde arriba, aunque esto fuera consecuencia de pronunciamientos. De esta manera, se producen en realidad tímidas apertura de forma sucesiva a nuevos grupos sociales conforme la situación social, económica y cultural cambiaba. Si bien no de forma progresiva, no existen en realidad cambios bruscos. Se quiere decir que, a diferencia de Francia, no tuvieron lugar revoluciones que supusieran una ruptura que apartara del poder al grupo que lo dominaba, sino que lo ampliaba. De esta manera, es un hecho que Isabel II se mantuvo en el trono hasta 1868, pese a los sucesivos cambios de Gobierno, e incluso su padre, Fernando VII, siempre fue reconocido como tal pese a que en su reinado se alternaron el absolutismo y el régimen liberal. Solo la Guerra de la Independencia puede ser entendida como revolución en tanto que fue el pueblo quien primero tomó la soberanía al oponerse a la presencia francesa y, de facto, a las abdicaciones de Bayona, legítimas desde el punto de vista del absolutismo. La Gloriosa de 1868, aunque vendida como revolución, no dejaba de ser, en realidad, un pronunciamiento dirigido por quienes en realidad ya participaban o habían participado en el poder, por mucho que se expulsara del trono y del país a la reina y a la dinastía de los Borbones, pero en realidad para ser sustituida por otra.

Por otra parte, las reminiscencias del Antiguo régimen son, igualmente, observables en otros tantos países. En realidad, los liberales no aspiraban a una ruptura total en todos los ámbitos, sino que pretendían establecer una serie de libertades que beneficiaban económicamente a la burguesía de negocios, así como participar estos en el poder. El liberalismo más conservador o doctrinario se definía, en esencia, por limitar el acceso al poder mediante el sufragio censitario, a diferencia del liberalismo democrático (la división entre ambos es patente en Europa en 1830) que aspiraba al sufragio universal. En cualquier caso, el desmantelamiento del antiguo Régimen –aunque solo fuera sobre el papel- es claro en 1812: eliminación de mayorazgos, tierras gremiales, Inquisición y Órdenes, establecimiento de libertades, limitación de los poderes del monarca, etc. De nuevo, este desmantelamiento lo volvemos a encontrar a partir de 1836 –tras el motín de los sargentos de La Granja-, cuyo principal símbolo es la desamortización de Mendizábal. Claramente, esta no podía afectar a los grandes terratenientes, la nobleza, puesto que esta participaba en las reformas que condujeron al liberalismo.

De esta manera, si observamos el conjunto del siglo XIX, podremos observar que la evolución del estado liberal español es en buena medida progresiva y en consonancia con las tendencias del resto de Europa. Podemos identificar cuatro grandes periodos:

a) La primera etapa, entre 1808 y 1844, se caracteriza por una alternancia entre el liberalismo (Cortes de Cádiz [1810-1814], Trienio Liberal [1820-1823] y Constitución progresista de 1837 seguida de la Regencia de Espartero [1840-1844]) y el absolutismo (Sexenio Absolutista [1814-1820], Década Ominosa [1823-1833]). Desde 1830 se produce una transición desde arriba que se plasma en el Estatuto Real de 1834 y que está a medio camino entre el liberalismo más conservador y el absolutismo reformista. En cualquier caso, es patente que lo que sucede es una reacción a grandes rasgos con lo que acontece en otros países europeos: revoluciones mediterráneas de 1820 (con efímeros resultados como el Trienio Liberal español) y la que se inicia en Francia en 1830 (traducida en España en la mencionada transición desde arriba).

b) Un segundo periodo, de 1844 (mayoría de edad de Isabel II) a 1868 (exilio de la misma), en el que se construye el Estado liberal de acuerdo al liberalismo doctrinario y, además, en clave moderada (Década Moderada [1845-1854] y los distintos gobiernos de Narváez entre 1863 y 1868), frente a los intentos de los progresistas (Bienio Progresista [1854-1856]) por una mayor apertura –aunque nunca democrática-, aunque las diferencias entre ambos se diluyen frente al liberalismo democrático, el cual se organiza en torno al Partido Democrático creado en 1849, lo que no deja de ser la misma ruptura que se había producido en Europa en 1830 entre estas dos grandes tendencias. De ahí la necesidad de un intento hibrido entre los progresistas más conservadores y los conservadores más aperturistas que tomó cuerpo en la configuración de la Unión Liberal de O’Donnell (Gobierno largo de la Unión Liberal [1856-1863]), que se turnó en el Gobierno entre 1864 y 1868 con los moderados, con una clara represión hacia las tendencias democráticas, acrecentadas por la crisis económica que se produce en los últimos años del reinado de Isabel II.

c) Un intento de construcción de un Estado democrático entre 1868 y 1874 (Sexenio Democrático) como única solución a la crisis del reinado isabelino. El elenco de familias liberales –en su mayoría firmantes del Pacto de Ostende, a excepción de los moderados- aceptan una monarquía constitucional con sufragio universal (Reinado de Amadeo de Saboya [1871-1873]), pero con una alta tensión en el seno de los partidos que debían sostenerla, al que se suma la opción republicana –proveniente de los propios demócratas- que llegan al poder en 1873 (I República [1873-1874]), pero también divididos entre centralistas y federalistas. Al mismo tiempo, se produce un auge en España del socialismo, tanto en su tendencia marxista como anarquista, como muestra la organización de la Sección española de la Internacional.

d) El experimento democrático finalizaba con el cuarto y último periodo en que hemos dividido el siglo, la Restauración (en concreto, la primera parte de la misma, entre 1875 y 1902), que no era una mera vuelta al liberalismo doctrinario, sino más bien una síntesis entre este y la democracia (ya puesto a prueba en el periodo de la Unión Liberal). Aunque es un periodo difícil de interpretar y, a simple vista, parece presentar contradicciones, todo apunta más bien a que Cánovas ideo un sistema que debía introducir reformas progresista a lo largo del tiempo, como fue, por ejemplo, el restablecimiento del sufragio universal en 1890. Al fin y al cabo, en Europa se abría paso la democracia o, al menos, el derecho universal al voto masculino (incluso la conservadora y recién creada Alemania de Bismarck instauró el sufragio universal), pero con los mecanismos de control suficientes para garantizar que el poder se mantuviera en los dos grandes partidos, el Conservador de Cánovas del Castillo y el Liberal de Sagasta. Fue a partir de principio del siglo XX cuando este sistema, por diferentes motivos, no respondió a la creación de un sistema democrático y, por tanto, se convirtió en un régimen trasnochado como muchos intelectuales, entre ellos Joaquín Costa, pusieron de manifiesto.

Tratemos, ahora, acerca de las injerencias al sistema parlamentario: intervencionismo militar, camarillas de palacio y alteración de los resultados electorales. Respecto al primero, es cierto que el ejército estuvo presente en cada uno de los cambios de gobierno que se produjeron. Pero no nos confundamos, los pronunciamientos no tenían como finalidad poner fin al régimen liberal, sino que era la única manera de alternar en el poder distintas tendencias políticas, puesto que ningún sistema -a excepción del ideado por Cánovas- tenía planteado la posibilidad de la alternancia de partidos. Es más, los pronunciamientos contaban tanto con el apoyo del ejército como parte que presionaba al monarca (una vez que las camarillas que le rodeaban no lo habían conseguido) para que, de acuerdo a su potestad, nombrara un presidente de Gobierno favorable a una u otra tendencia, pero siempre fraguado desde instancias civiles, es decir, eran los propios partidos los que se encontraban detrás de estos. Jamás se planteó la dictadura militar y todos los militares que participaron en la vida política española y que presidieron los distintos gabinetes, tales como Espartero, Narváez, O’Donnell, Prim, Serrano, entre otros, ocuparon siempre tales cargos como civiles bajo las normas constitucionales. Por otro lado, podemos observar un hecho que caracteriza el liberalismo español: siempre existió una constitución vigente (desde el Estatuto Real de 1834 o la Constitución de 1837) por muchas veces que esta se cambiara, en especial con el fin de regular la composición de las cámaras y la división de poderes. Solo a partir de 1923, con la dictadura de Primo de Rivera, España quedó desprovista de un texto constitucional.  

El ejército como instrumento para cambiar el régimen liberal solo fue utilizado por la Santa Alianza cuando envió a los Cien Mil Hijos de San Luis para poner fin al Trienio Liberal; y más tarde por los carlistas, lo que dio lugar a varias guerras civiles (1833–1840; 1846–1849; 1872–1876).

En cuanto a las injerencias en los procesos electorales, en realidad no era otra cosa que una forma para impedir que el poder escapara de una determinada clase social. Si bien contraria a cualquier democracia, las prácticas de este tipo van más allá de falseamiento directo de la voluntad del pueblo (la evidencia más característica del caciquismo español), sino que se usaban distintos medios para controlar tal voluntad, muchas veces mediáticas (como sigue ocurriendo hoy en día), especialmente cuando el sufragio universal se fue imponiendo. Esto no era, en ningún caso, algo propio español, bien lo sabe Napoleón III, que supo manejar los procesos electorales incluso cuando restableció el sufragio universal. Del mismo modo, para que los resultados electorales no llegaran a trastocar los privilegios de una minoría, todos los países configuraron sus sistemas políticos para impedir reformas que escaparan al control de las élites. Así, por ejemplo,  siempre solía existir una segunda cámara legislativa –el Senado-, que era elegida por un procedimiento distinto al del sufragio universal (por lo general, mediante designación real y vitalicia). Si tomamos el ejemplo Gran Bretaña –que como hemos dicho, suele ser el referente-, encontramos la cámara de los Lores, la cual tiene precisamente esta finalidad.

De esta manera, todas estas injerencias y, en concreto, el intervencionismo militar característico de España no se debe entender como contrarias al sistema liberal, sino como elementos propios que lo caracteriza.  En otras palabras, era la forma en que funcionaba el sistema liberal español.

En conclusión, es posible que las formas que presenta el liberalismo español fueran singulares –de hecho, básicamente en ningún país coinciden-, pero los resultados fueron, en buena medida, iguales.

 

BIBLIOGRAFÍA

BAHAMONDE, A. y MARTÍNEZ, J.A. (2005): Historia de España siglo XIX, Cátedra, Madrid

BAHAMONDE, A. (Coord.) (2005): Historia de España siglo XX, 1875-1939, Cátedra, Madrid

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