La ley electoral española: nuestra democracia caciquil

Desde que la crisis económica comenzara, instalándose en nuestras vidas como si de un familiar cercano se tratara, hemos observado como la Europa de los banqueros impone una serie de medidas a España –y a otros países– con el fin de mantener el sistema financiero. Esto ha dejado bien claro que el Gobierno español y el parlamento, desde hace ya tiempo, han perdido o enajenado gran parte de la capacidad de actuación que a estos órganos le corresponden y, por tanto, la aniquilación progresiva de la soberanía popular que supuestamente representan, es decir, de la democracia –o a lo que venimos llamando tal–. Nuestros políticos, en el caso español, parecen darse a la sumisión de los dictados como consecuencia de sus propios intereses –en el fondo el interés por perdurar en la carrera política-. Nos deberíamos preguntar por qué ese carácter de quienes nos representan y, en segundo lugar, por qué continúan ocupando “sus” sillones cuando, supuestamente, somos nosotros –los que tanto nos quejamos de ellos– los que los elegimos. La respuesta, entre otros muchos factores, debemos encontrarla en la Ley Electoral.

Más allá de la Constitución, es la Ley Electoral el pilar fundamental sobre el que se apoya nuestro sistema político –y sobre el que lo hicieron el resto de sistemas parlamentarios del siglo XIX–. Sólo hay que hacer memoria para recordar que la actual Ley Electoral que rige en España fue realizada en el año 1977 –Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales– con el fin de regir las elecciones generales y constituyentes de ese año, y que prefijo –o así lo desearon sus legisladores- el sistema político que posteriormente fue recogido en la Constitución del 78. Es cierto que, en el año 1985, se creó una nueva Ley Electoral –Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General–, para adecuarla al marco constitucional, pero, en sí misma, era un calco de la de 1977 –al menos en lo que respecta a la forma de elección de diputados y senadores–. Hasta el día de hoy, es esta última la que sigue en vigor con algunas modificaciones realizadas a lo largo de los años, la última de ellas en el 2011 -Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero–.

Remontémonos, precisamente, al año de la creación del sistema electoral. En noviembre de 1975, el dictador español, Francisco Franco, murió. El Régimen, lejos de acabarse, perduró, al menos en los siguientes meses, en la figura del rey, Juan Carlos I, por designación del propio Franco. Dicha continuidad se observa en la Jefatura del Gobierno, la cual sigue siendo ocupada por Arias Navarro. No obstante, el Régimen debía transformarse –de acuerdo estaba una amplia mayoría–, así que prontamente Adolfo Suarez, proveniente del falangismo, fue designado, por el monarca, presidente del Gobierno, comenzando la carrera por el cambio –que quedó plasmada en la reforma política aprobada por las propias Cortes franquistas-. Los partidos políticos fueron legalizados, incluido el Partido Comunista pese a las reacciones adversas que éste ocasionaba en los sectores franquistas –proclives o no al cambio–.

Muchos de los personajes provenientes del franquismo se integraron en la UCD de Suarez, que se presentaba como un partido más –en el elenco de partidos surgidos–, pero siempre bajo el temor de lo que podría ocasionar las primeras elecciones, las del 77, puesto que, por aquel entonces, el Partido Comunista contaba con amplia fama. Muchos podían sospechar, aunque luego no fuera así, que los resultados que podía obtener éste, o la izquierda en general, podrían ocasionar un auténtico descalabro para la derecha o, lo que es lo mismo, de los que proseguían gobernando. Así, contando con análisis estadísticos y, en especial, con el resultado de las últimas elecciones generales celebradas en 1936, se observó que las grandes ciudades eran más proclives al voto de izquierda. Algo contrario de lo que sucedía en las provincias menos pobladas, que, mucho más tradicionales, estaban dispuestas a dar el voto a los partidos más conservadores, en este caso la UCD.

El problema, por tanto, era diseñar un sistema electoral, para aquellas primeras elecciones de 1977, que permitiera a la UCD controlar, en cierta manera, el resultado electoral y, con ello, tener el suficiente peso como para desarrollar una constitución y unas leyes mucho más conservadoras.

Para lo último, se optó en la Ley para la Reforma Política, -Ley 1/1977 de 4 de enero– por un sistema bicameral –Congreso y Senado, que luego también recogió la Constitución– apelando a la tradición española, puesto que ya en el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837, 1845, 1869 y 1876 se recogía la existencia del Senado. Dicho sea de paso, con esta Cámara siempre se pretendió, mediante el conservadurismo de sus miembros, frenar legislaciones demasiado liberales provenientes del Congreso. Esa era, precisamente, la intención en 1977.  Claramente, esa apelación a la tradición sólo intentaba justificar esto último, puesto que otras constituciones españolas habían sido unicamerales, comenzando por la Constitución de Cádiz de 1812 –vigente en tres momentos distintos– y la de la Segunda República de 1931.

Además de la tradición, tanto la ley para la Reforma Política como luego la Constitución justificaron la existencia del Senado alegando que éste es una cámara de representación territorial –así lo recoge el artículo 69 de la Carta Magna–. El problema estriba en que no se le dio funciones específicas en el año 77, ni tampoco se las dio la Constitución. Tras tantos años, actualmente sigue sin tenerlas, ni parece que los senadores estén por la labor de ello, por mucho que, de vez en cuando, hagan esa intención –más bien con ánimo electoralista o publicitario-. Entonces, ¿para qué vale el Senado? Sencillo, en el momento de su creación, éste podría ser usado –como en otros sistemas parlamentarios anteriores– para frenar o modificar leyes aprobadas por el Congreso. En segundo lugar, y mucho más importante, es una cámara en donde los partidos pueden sentar a sus miembros.

Pero ¿cómo hacer para que los miembros del Senado fueran conservadores? Aquí entra en funcionamiento la Ley Electoral. En el pasado, la cuestión era sencilla de resolver, el Senado siempre fue elegido, en el mejor de los casos, mediante un sufragio censitario muy restringido. De hecho, cuando en 1890 el Gobierno liberal de Sagasta estableció el sufragio universal masculino, la realidad es que éste sólo se estableció para el Congreso, ya que el Senado lo mantuvo censitario. Claramente, en 1977, si se quería construir, en mayor o menor medida, una democracia, no se podría establecer este último tipo de sufragio para la Cámara Alta.  Así que, como se sabía que las provincias pequeñas iban a votar a la UCD, se asignó a cada provincia un total de cuatro senadores –a excepción de las islas, Ceuta y Melilla que componen circunscripciones diferentes con un menor número de senadores según recoge la actual Ley Electoral en su artículo 161– . Dicho de otra manera, ya podrían votar cuatro millones de madrileños al Partido Comunista, que el resultado sería únicamente de cuatro senadores comunistas. Mientras que en Soria, con un censo electoral que ni ahora ni entonces llega a los cien mil votantes, la UCD podría conseguir otros cuatro senadores.

Por si los pronósticos no funcionaban, la Ley para la Reforma Política todavía estableció una medida para dar un cariz conservador al Senado. Se establecía que cuarenta senadores serían designados por el Rey. Así fue, en el primer Senado elegido por los ciudadanos entraron cuarenta senadores a dedo, los cuales eran la flor y nata de la España del momento como fue el insigne escritor y académico Camilo José Cela. Claramente, era incomprensible que en las siguientes legislaturas se diera tal esperpento. ¿Cómo iban a existir senadores puestos a dedo por su Majestad el Rey? Así que en la Ley Electoral de 1985 –recuerdese que la actual- se decidió que los parlamentos de las comunidades autónomas eligieran a senadores, en número proporcional a su población. Dicho de otra forma, que actualmente los dos partidos, PP y PSOE, designan a dedo a un grupo de senadores.

Hoy en día ya no se trata de que el Senado sea conservador o no, sino que, como se decía líneas arribas, la misión de éste es la de dar cargos senatoriales a los miembros de los partidos que los aparatos de los mismos consideren oportuno. Y no sólo mediante aquellos que designan las comunidades autónomas, sino porque la forma de elección del resto de senadores –los cuatro por provincia– va encaminado a lo mismo. Debemos recordar que el Senado posee listas abiertas, es decir, el votante debe tachar en la papeleta el nombre de tres candidatos, pese a que el número total de senadores elegibles es de cuatro-, independientemente del partido al que pertenezcan. Pero claro está, parece lógico, en cuanto que ni siquiera conocemos a los candidatos, que el votante tache los nombres de los tres candidatos presentados por el mismo partido. Así, únicamente los dos partidos más votados son los que obtienen representación en una proporción de tres a uno por norma general –tres para el partido más votado y uno para el segundo–. Básicamente es muy difícil que un tercer partido obtenga representación, de hecho, el Senado ha sido en todos estos años de democracia una cámara bicolor. Puesto que los partidos ya conocen previamente el resultado –ya sea por sondeos o tradición- el partido mayoritario en la provincia sabe que los tres candidatos a senador que presenta serán senadores seguro, por lo que, en realidad, es el partido el que está nombrando senadores de forma directa. Y ¿qué pasa con el segundo partido? Éste sabe que solamente uno de sus tres candidatos saldrá elegido y, previsiblemente, será el primero que esté en la lista de los tres –ya que un votante, de no votar a los tres candidatos de un mismo partido, tachará al primero de la lista–. La cuestión radicaba en que, como se debían poner en orden alfabético a los candidatos, el partido siempre debía buscar dos candidatos perdedores cuyos apellidos se coloran alfabéticamente detrás del futuro senador. El orden alfabético se suprimió en 2011.

Y si todo esto parece esperpéntico, pasemos ahora a tratar del Congreso. Ésta es una cámara de representación ciudadana. Como tal, se debería esperar que su composición correspondiera porcentualmente al número de votos que los ciudadanos han dado a los partidos. Pero una vez más, y como ya se ha dicho, se temía, en el momento de la creación de la ley, un triunfo mayoritario de la izquierda. Así, se optó por que los diputados fueran elegidos también por cada una de las provincias. Hasta aquí, posiblemente, no se pervierte mucho el lema “un ciudadano, un voto”, pero, claro está, al igual que se ha dicho al tratar del Senado, se otorgó a las poblaciones más conservadoras un valor mayor de sus votos para posibilitar la elección de un número superior de diputados de tendencia conservadora. Para que esto sucediera, se consideró que cada provincia, por el mero hecho de ser tal, tuviera dos diputados de partida –algo que continua siendo así-, alegándose que, en caso contrario, muchas provincias no tendrían voz en el Congreso. A estos dos diputados se añaden un número de diputados de acuerdo a la población existente en cada una de las provincias, de acuerdo al sistema que es recogido en la Ley Electoral detalladamente.

Estos dos diputados de más por provincia hace que los dos partidos mayoritarios obtengan en el Congreso un porcentaje mayor de miembros respecto al número de votos obtenidos –algo que no produce el método D’Hondt, al que se le suele echar toda la culpa-. De esta forma, se produce la siguiente paradoja: Teruel, por ser provincia, cuenta con dos diputados, más uno por población. En total, tres diputados. Como pueden votar unos 114.000 turolenses, se requiere, si todos estos votaran, un mínimo de 38.000 votos para sacar un diputado. Pero observemos qué pasa en la provincia más poblada, Madrid. Aquí hay unos cuatro millones y medio de electores, y pueden elegir 35 diputados –dos por ser provincia y el resto por población–. De esta forma, en Madrid el diputado equivale a unos 128.000 votos. De ello se desprende que el voto de un turolense vale  tres veces más que el de un madrileño –de hecho, el voto turolenses es el que más valor presenta en el conjunto de España-. El voto todavía vale menos en provincias como La Coruña –la que menos- y Barcelona. Por debajo de Madrid están otras como Pontevedra, Asturias, Sevilla, Vizcaya, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Córdoba, Cádiz, Zaragoza y Granada, en las que los votos de sus ciudadanos valen menos que la media nacional. Lo contrario sucede con las provincias más pequeñas -Soria, Segovia, Ávila, Palencia, Melilla, Cuenca, Guadalajara, etc.- en donde el voto vale mucho más que la media del conjunto nacional.

Este sistema benefició en su momento a la UCD y al Partido Socialista, y en las siguientes elecciones, hasta el presente, al Partido Socialista y al PP, que ven aumentados sus diputados por encima del número total de votos que reciben.

Veamos, de esta manera, como en las elecciones del año 1977, este sistema permitió a la UCD obtener los resultados que tuvo, así como al segundo partido más votado –el cual, en aquel momento, no se sabía cual sería–. La UCD consiguió un 34,44 % de los votos y se le asigno, de acuerdo al sistema electoral, 166 escaños, es decir, un 47,42% del arco parlamentario. Si el sistema electoral únicamente entregara diputados de acuerdo al número de votos obtenidos, es decir, si solo existiera una circunscripción única –y aplicando el método D’Hondt–, habría obtenido 128 diputados. Lo mismo le sucedió al PSOE, que pese a obtener un 29,32% de los votos, tuvo un porcentaje en el parlamento del 33,71% (118 diputados), que bajo circunscripción única habría obtenido 109 diputados. En cambio, a los partidos nacionales por detrás de los dos primeros, el sistema perjudica. Así, en aquel entonces el PCE, que obtuvo un 9,33 de los votos, sólo consiguió un 5,42% del arco parlamentario (19 diputados), cuando de la otra forma habría conseguido nada menos que 34 diputados.

Y esto mismo se repite en todas las elecciones generales que ha habido en España. Pongamos otro ejemplo como las elecciones de 2008, que dieron la victoria al PSOE. Éste obtuvo un 43,87% de los votos emitidos, pero consiguió un 48,3% de los diputados (169), que habrían sido 162 en realidad. El PP, en vez de 153, habría conseguido 147; e IU, que consiguió un 3,8% de los votos, sólo consiguió dos diputados cuando bajo una circunscripción única habría conseguido nada menos que 13 diputados.

Se ha alegado que la circunscripción única perjudicaría a los partidos nacionalistas. No obstante, los datos demuestran que no salen beneficiados, pero tampoco perjudicados. CIU, por ejemplo, en las dos elecciones expuestas –la de 1977 y la de 2008– obtiene básicamente el mismo número de diputados tanto por el sistema actual como por la circunscripción única.

Todavía puede quedar la democracia más pervertida si introducimos el elemento de la lista cerrada para el Congreso. Esto quiere decir que el votante, cuando acude a las urnas, su única posibilidad es la de introducir en un sobre la lista de un partido sin poder elegir realmente a los diputados que quiere. De esta forma, cada cuatro años, lo único que estamos haciendo es elegir tendencia política –si es que realmente existe alguna diferencia entre los dos grandes partidos–. Lo peor de todo es que ni siquiera conocemos a esos candidatos que se exponen en la lista, porque directamente no han hecho campaña –la campaña queda reservada para el partido, para ese supuesto candidato a la presidencia del Gobierno-. No han venido a pedirnos el voto, porque no es necesario. Y no es necesario porque se han encargado de convencernos de que, en vez de votar a nuestros representantes en el Congreso, lo que estamos haciendo es elegir al presidente del Gobierno. En absoluto es así, puesto que son esos representantes los que elegirán al poder ejecutivo. Por tanto, pese a que muchos son los que afirman que votaron a Suarez, a Felipe González, a Aznar, a Zapatero, a Rajoy, etc., en realidad muy pocos pudieron hacer tal cosa, puesto que éstos suelen presentarse en las listas por Madrid, así que es imposible que el resto de los españoles les hayan votado.

Por otra parte, si lo único que estamos es eligiendo tendencia política, ¿quién elige a los candidatos de la lista? Una vez más la respuesta es: el partido. Tal y como se decía sobre el Senado, son los partidos los que eligen a los candidatos y, no sólo eso, directamente están eligiendo diputados a dedo, puesto que cualquiera que vaya en los primeros puestos de la lista electoral al Congreso sabe que será diputado. Y para ir en esa lista lo único que necesita es fidelidad y sumisión hacia el partido, sin dar ningún tipo de explicación a los ciudadanos. De aquí se deriva que una multitud de indeseables sigan sentados en puestos de responsabilidad.

Y para colmo de hipocresía, el PSOE intenta vender su democracia interna. La democracia es cosa de todos, del pueblo –eso indica su etimología griega–, y no de los sumisos afiliados de ese u otro partido.

¿Todo esto es una democracia realmente? ¿Es una democracia un sistema electoral que beneficia a dos partidos? ¿Es una democracia que el voto de los ciudadanos, en función de su provincia de residencia, no valga lo mismo? ¿Es una democracia que los porcentajes de votos no se traduzcan en un mismo porcentaje de representantes en el Congreso y el Senado? ¿Es una democracia un sistema en el que son los partidos quienes directamente eligen a dedo a nuestros representantes? ¿Es una democracia cuando ni siquiera conocemos a los susodichos representantes? Si alguien puede afirmar que sí, deberá defender, de la misma manera, que el sistema de la Restauración también lo era, puesto que al menos, en aquel momento, la analfabeta población conocía el nombre de sus representantes en el Congreso. Seguimos teniendo un sistema político caciquil.

La verdadera democracia es aquella en la que los ciudadanos elegimos directamente a nuestros representantes. Aquella en la que éstos hacen campaña en la calle para pedirnos el voto. Aquella en la que todos los votos valen lo mismo. Aquella en la que los políticos deben dar explicaciones a su electorado, y en donde los ciudadanos podemos cortar la carrera política de los indeseables.

NOTA: La mayor parte del planteamiento y datos de este escrito se basan en las clases y conferencias del Dr. Carmelo Romero, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad del Zaragoza, quien ha estudiado el tema electoral a lo largo de la historia de España.

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