Características del Antiguo Régimen

El término Antiguo Régimen suele designar al conjunto de características económicas, políticas, sociales y culturales que se daban en los países europeos antes de la Revolución francesa (1789), del establecimiento del liberalismo, así como de la industrialización de Europa (que comenzó en el Reino Unido a mediados del siglo XVIII y que se extendió a lo largo del XIX por el resto del continente). El termino, muchas veces, se aplica al mismo periodo que ocupa la Edad Moderna, es decir, del siglo XVI al XVIII. Así pues, en el caso español, la Guerra de la Independencia (1808-1814) marca el principio del fin del Antiguo Régimen. 

Económicamente, el sector agrario es el de mayor peso, pues ocupa en torno a un 90% de la población. Se trata, además, de una agricultura de subsistencia, es decir, la mayor parte de la producción va destinada al autoconsumo. En cualquier caso, la agricultura española se basaba en su mayor parte en el secano, siendo la trilogía mediterránea (vid, olivo y cereal) el principal cultivo. El regadío tan solo representaba un 5% de la producción. Se trataba, en cualquier caso, de una agricultura de bajos rendimientos que provocaba, cuando existían malas cosechas, crisis de subsistencia. El aumento de la producción que se denota a lo largo de la Edad Moderna tan solo se debe a la expansión de las tierras de cultivo y no tanto a la introducción de innovaciones.

En cuanto a la propiedad de la tierra, esta pertenecía fundamentalmente a la Iglesia y a la nobleza, y en muchos casos estaba bajo régimen señorial, es decir, los propietarios ejercían jurisdicción en estas, aunque, como ya vimos en el tema de los señoríos, hacia el siglo XVIII se reducía esta jurisdicción al cobro de impuestos, entre los que destaca el famoso diezmo de la Iglesia. Al estar en forma de señoríos, estos no podían ser ni divididos ni enajenados por sus titulares, pues en el caso de la nobleza la propiedad de una familia estaba garantizada por la figura del mayorazgo, es decir, el primogénito heredaba el conjunto de las propiedades familiares. Las tierras de la Iglesia, por su parte, estaba en manos muertas. En otras palabras, el propietario era la Iglesia en sí, de tal forma que toda propiedad que acabara en esta no podía ser tampoco vendida. Así, el acceso a la tierra era difícil, pues no existían apenas tierras libres que pudieran comprarse. El 65% del campesinado era o jornalero o arrendatario de la tierra que cultivaba.

Reinaba, por otra parte, el mercantilismo, una doctrina económica que indicaba que la acumulación de metal precioso por parte de los Estados era la principal fuente de riqueza de un reino. La única forma de introducir metal era el comercio, pero, en el caso de la monarquía hispánica, la perdida del monopolio con las Indias había provocado un descenso de los ingresos.  En cualquier caso, la industria manufacturera española no era muy pujante (exceptuando la industria pañera catalana), por lo que no podía competir en básicamente ningún mercado.

Por otro lado, las minas de metales preciosos de América del Sur habían sido uno de las grandes fuentes que alimentaban los gastos de la monarquía hispánica. Pero desde el siglo XVII, el metal que llegaba a la península no dejó de disminuir. No porque se extrajera menos o se hubieran agotado los grandes filones, sino porque, como han demostrado recientes estudios, el oro y la plata se iba perdiendo a lo largo del embarque, travesía y atraque. En otras palabras, la corrupción, la piratería y, sobre todo, el pago de impuestos por los números créditos pedidos por la monarquía provocaron que el metal precioso apenas permaneciera en la península.  

En cuanto al mercado interior, este estaba totalmente desarticulado. Existían aduanas interiores que encarecían cualquier producto, pues atravesar los señoríos implicaba pagar las tasas que sus respectivos señores imponían, al igual que en las ciudades se debía pagar los derechos de puertas. Además, la inexistencia de cualquier tipo de medio de locomoción mecánica, la abrupta geografía de la península y el mal estado de los caminos impedían, todavía más, que existiera dicho mercado.

Tampoco hay que olvidar que la libertad de empresa estaba ampliamente limitada. Las grandes rutas comerciales con las Indias occidentales eran monopolios reales y, de hecho, únicamente el puerto de Cádiz, en época borbónica, estaba autorizado para comercializar con los territorios de ultramar (en dicha ciudad acabó por instalarse la Casa de Contratación, anteriormente en Sevilla). Por otro lado, la agrupación gremial de los diversos oficios provocaba que estos regularan sus actividades, así como autorizar a quiénes podían dedicarse al oficio.  

Respecto a la sociedad, esta era estamental, es decir, dividida en tres estamentos cerrados a los que solo se puede pertenecer por nacimiento. Pero esta división tripartita de origen medieval, si bien bastante útil para explicar la sociedad, no deja de ser algo teórico. La Iglesia consideraba que mientras unos se dedicaban a la oración y salvación de las almas (la Iglesia), otros defendían a la sociedad (la nobleza), mientras que el resto se dedicaba a trabajar (el llamado Tercer Estado). Pero la sociedad era más compleja que esto. Clero y nobleza tenían sendos privilegios, entre ellos la exención de impuestos; todo lo contrario, recogían impuestos en sus propios señoríos. Además, se les aplicaba una justicia distinta al resto, de tal forma que mismos delitos recibían condenas distintas a las del Tercer Estado. Pero estos dos grupos no eran, ni mucho menos, homogéneos en su interior. Existía una nobleza titulada (duques, condes, etc.) que poseían vastos territorios e integraban la Corte del rey. La baja nobleza, en cambio, era un abultado grupo de caballeros e hidalgos que, más que posesiones, defendían sus privilegios. El mejor exponente de estos últimos es aquel amo hidalgo que tiene el Lazarillo de Tormes, que, pese a su pobreza, debe aparentar su nobleza. Lo mismo sucedía en la Iglesia. El alto clero -compuesto por obispos, arzobispos, cardenales y otros altos cargos como abades en los monasterios- tenía una vida desahogada y, en muchos casos, lejos de la propia moral cristiana.  Otros como sacerdotes en zonas rurales o los propios monjes vivían modestamente.

En cualquier caso, el Tercer Estado es el estamento más diverso. En la mentalidad popular parece que este grupo es visto como una masa de campesinos que viven en la absoluta pobreza en señoríos, además bajo régimen de servidumbre. Si bien es cierto que una mayoría eran campesinos, en las ciudades -que suelen ser las grandes olvidadas- existía una población libre que se dedicaba a diversos menesteres. Allí existía una burguesía adinerada, aunque en el caso español no muy abultada. Le siguen, en cualquier caso, las clases bajas urbanas dedicadas a distintos oficios, así como obreros.

Sea como fuere, hacia finales del siglo XVIII la sociedad estamental se estaba diluyendo a favor de una sociedad de clases, propia del liberalismo, en la que el estatus se basa, ante todo, en la riqueza.

Demográficamente, las tasas de natalidad y mortalidad eran elevadas. La primera debida a la carencia de anticonceptivos, lo que provocaba que las familias llegaran a tener más de diez hijos. La mortalidad se producía al poco desarrollo de la medicina y la carencia de unas mínimas medidas de higiene. La mortalidad se disparaba en tiempos de carestía de alimentos y cuando alguna epidemia, como la peste, azotaba un determinado territorio. Así, la población española -como la europea- creció lentamente. Tan solo se observa una aceleración de la misma, como observamos en el caso de España, en la segunda mitad del siglo XVIII.  En el censo que realizó el Marqués de la Ensenada en 1750 existían 9 millones de almas, mientras que el censo de Floridablanca  en 1787 arroja 11 millones de personas. El incremento se debía, en cualquier caso, a la ampliación de los campos de cultivos antes mencionado, más que a mejoras técnicas o sanitarias.

Finalmente, políticamente el Antiguo Régimen se define por el absolutismo monárquico. En otras palabras, el rey tenía en sus manos todos los poderes, desde la creación de leyes, su aplicación, así como la impartición de justicia. La soberanía residía en su persona y de él emanaba la autoridad con la que ejercían su poder los diversos oficiales o magistrados del reino. No solo esto, sino que su legitimidad proviene directamente de Dios, que ha elegido a los reyes para gobernar. Así, si se considera al papa cabeza de la Iglesia Católica, la realidad es que el monarca español, como otros tantos monarcas europeos, poseía sendos privilegios en materia eclesiástica, como el Real Patronato, que le permitía la elección de los arzobispos y obispos, así como el control de la propia Inquisición. Esto provocaba, a su vez, que la Iglesia española tuviera también altas cotas de poder.

El absolutismo borbónico sobre los reinos peninsulares (exceptuando Portugal) fue conseguido tras la victoria de Felipe V en la guerra de Secesión y el establecimiento de los Decretos de Nueva Planta que eliminaba de los reinos de la Corona de Aragón sus fueros e instituciones y, en concreto, las Cortes (Corts o Parlament según territorio) que debían gobernar junto con el monarca de acuerdo a la formula del pactismo. Desde aquel momento existían unas Cortes españoles (las antiguas castellanas) en las que estaban representados los tres brazos de la sociedad (Iglesia, Nobleza y Ciudades), aunque estas apenas fueron abiertas a lo largo del siglo XVIII. Cuando fueron convocadas, tan solo tuvieron la función de jurar al heredero al trono.

 

BIBLIOGRAFÍA:

MARTÍNEZ RUIZ, E.; GIMENEZ, E.; ARMILLAS, J.A. y MAQUEDA, C. (1992): La España moderna, Istmo, Madrid.

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