Inquisición española
La Inquisición española (o Tribunal del Santo Oficio) es una institución eclesiástica creada por los Reyes Católicos en 1478 y que se abolió finalmente en 1834. Tenía como principal función la persecución de los falsos conversos al catolicismo, herejías y normas contrarias a la moral cristiana. Poseía jurisdicción en todos los reinos bajo dominio de la monarquía hispánica.
La Inquisición como tal era ya antigua y se había creado a lo largo del medievo en diversos lugares europeos (el primero de ellos en 1184 en Languedoc) con el fin de perseguir las herejías en general, así como la brujería y otras prácticas contrarias a la moral cristiana. En el caso de la Inquisición española, los principales objetivos fueron otros como veremos más adelante.
No fue hasta finales del siglo XV cuando se estableció en los reinos peninsulares por parte de los Reyes Católicos. ¿Por qué en ese momento? En el siglo XV existían en la Península Ibérica dos grandes Coronas: la de Aragón y la de Castilla. En 1469 contrajeron matrimonio Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los futuros monarcas de ambas coronas. La primera ascendió al trono en 1474 tras la Guerra de Sucesión castellana y vencido el bando de la Beltraneja. Por su parte, Fernando heredó el trono de Aragón en 1479. Desde ese momento, ambos monarcas llevaron a cabo una política común, aunque ambos seguían siendo reyes únicamente de sus respectivos dominios (monarquía dual).
Esta política común tanto para el interior de los reinos como para la diplomacia se llevó a cabo mediante un nuevo aparato administrativo que permitía a los monarcas el gobierno allí donde se encontraran, aunque manteniendo íntegramente las instituciones de cada reino. De hecho, fue la base de lo que más tarde fue la administración de los Austrias. Así, se crearon una serie de consejos (sistema polisinodial) que se encargaban de estudiar propuestas, sugerirlas, así como de llevarlas a cabo una vez aprobadas por el monarca. Había una serie de consejos que abarcaban diversas temáticas que afectaban a todos los reinos: Estado, Ordenes Militares, Inquisición, así como una serie de consejos territoriales como los de Aragón y Castilla especializados en el gobierno de tales territorios.
En cualquier caso, entre esa política conjunta se encontraba el de la unidad religiosa de todos sus reinos, es decir, que la única religión de sus dominios fuera la católica. Debemos recordar que en los reinos peninsulares, sobre todo en el sur, se producía un hecho singular: la existencia de población musulmana (mudéjares). De la misma forma (y esto no era excepcional a otros reinos europeos), población judía. De hecho, contra estos se estaba imponiendo una gran intolerancia y una continua persecución en Europa, después de una convivencia más o menos pacífica en el pasado. Como ya vimos, a los primeros se les acabó forzando el bautismo forzoso (llamados entonces moriscos) o el exilio. Los segundos no correrían mejor suerte, pues fueron igualmente expulsados en 1492, antes incluso que los moriscos, aunque muchos se convirtieron al cristianismo. La sociedad comenzó a inclinarse hacia la “limpieza de sangre” y se convirtió en una obsesión ser “cristiano viejo”. No solo eso, sino que se consideraba que muchos judíos y moriscos se habían convertido al cristianismo en falso o que practicaban ritos contrarios a la fe católica, lo que en muchos casos se llamó prácticas judaizantes.
El surgimiento del protestantismo en tiempos de Carlos I en el Sacro Imperio Germánico (de donde era emperador) se convirtió en el otro enemigo de la verdadera fe. De igual manera, había que perseguir tales ideas que se extendían por Europa con el surgimiento de diversas doctrinas (luteranos, anglicanos, etc.).
Por tanto, los peligros a los que se enfrentaba la fe implicaba que se creara (y se mantuviera a lo largo de tres siglos) una institución que evitara y persiguiera a quienes no procesaban la verdadera religión. Así pues, los Reyes Católicos encontraron en la Inquisición la institución perfecta para mantener la uniformidad religiosa en sus reinos, adaptándola a las propias necesidades, ya que en origen la Inquisición solo había perseguido la herejía y no a los creyentes de otras religiones, en este caso la musulmana y la judía. No obstante, fray Alonso de Espina consideraba a los conversos herejes en tanto que, al no estar bien instruidos, mezclaban creencias y ritos de otras religiones.
Sea como fuere, la implantación de la Inquisición fue un proceso relativamente largo. En Castilla no existía previamente tal institución. Así, se solicitó al Papa Sixto IV en 1478 su establecimiento y otorgó a los monarcas la capacidad para nombrar al Santo Tribunal. Por su parte, en la Corona de Aragón existía ya este tribunal, aunque sin mucho peso.
Las primeras actuaciones de la nueva Inquisición castellana tuvieron lugar en Sevilla, en donde se estableció su primera sede. Prohibió a los judíos vivir en Sevilla, Cádiz y Córdoba, y finalmente contribuyó a la ya citada expulsión en 1492. Pronto comenzaron las ejecuciones en la hoguera (popularmente llamado el quemadero). La matanza fue tan amplia que el propio papa pretendió abolirla al poco tiempo. De hecho, intentó que el modelo de Inquisición castellana no se estableciera en la Corona de Aragón. En cualquier caso, los Reyes Católicos no estaban dispuestos a dejar a un lado sus planes y pretendían que la Inquisición actuara en otras ciudades.
En 1483 los monarcas lograron que finalmente el papa nombrara a Tomas de Torquemada (caracterizado por su gran intolerancia) Inquisidor General de la Corona de Aragón. Al año siguiente era Inquisidor General de todos los reinos y territorios de ambos monarcas. Si bien en Castilla el establecimiento de la Inquisición fue sencillo, las peculiaridades institucionales en los reinos y territorios de la Corona de Aragón implicaron que hubiera resistencia. En general, se alegó en estos reinos que era incompatible con los fueros y la propia Diputación General del Reino de Aragón solicitó a Fernando su abolición. Especial oposición encontró en ciudades como Zaragoza y Teruel en donde existía una amplia población conversa. Hasta tal extremo llegó la oposición que incluso el inquisidor Pedro de Arbués fue asesinado en la Seo. No se tardó en culpar del crimen a judíos y conversos. Sea como fuere, desde 1487 se suprimió la antigua Inquisición aragonesa y se estableció el modelo castellano.
Torquemada se encontró así con las manos libres para actuar y consolidar los poderes de la Inquisición. De hecho, logró que se quitara a los clérigos sus privilegios en caso de herejía, y consiguió que el Santo Oficio quedara libre de cualquier autoridad eclesiástica. Básicamente la Inquisición solo respondía ante los monarcas, quienes nombraban al Inquisidor General, que a su vez presidía el Consejo de la Suprema Inquisición, el cual tenía poder sobre todos los territorios de la monarquía hispánica.
¿Cómo funcionaba el tribunal de la Inquisición? Existían en algunas ciudades tribunales de Inquisición permanentes (en el caso de Zaragoza se encontraba en el Palacio de la Aljafería). Estos tribunales estaban compuestos por distintos cargos: inquisidores con conocimientos jurídicos, notarios, aguaciles, etc. En muchos casos se trataba de dominicos, caracterizados por su hábito negro y blanco.
El proceso inquisitorial rompía con las fórmulas de derecho medieval. El juez (el inquisidor) podía actuar de oficio (no se requería acusación previa). Así, el inquisidor era en muchos casos juez y parte en la causa. En el caso que hubiera acusación, esta era anónima y no se necesitaba presentar pruebas. El mero hecho de que los acusadores pudieran permanecer en el anonimato (y que incluso no existiera consecuencias para ellos si por algún casual se demostraba la inocencia) conllevaba las delaciones falsas. Es más, las pequeñas causas fueron mucho más abundantes que las grandes.
La Inquisición podía incluso detener a cualquier acusado de forma preventiva (a veces por años) pese a que no existieran pruebas. Los acusados, despojados de su patrimonio, eran encerrados en cárceles secretas, sin que nadie conociera el paradero de los reos. Tampoco era necesario que al preso se le informara de qué se le acusaba. Durante los interrogatorios, de hecho, se limitaban a presionar al preso para que confesara sus delitos contra la fe. Incluso el propio abogado “defensor”, miembro de la Inquisición, incitaba a tales confesiones. No era raro que el interrogatorio se hiciera por medio de la tortura, aunque era una práctica habitual en cualquier tribunal del Antiguo Régimen. Pese a ello, la Inquisición no la usó de forma sistemática, ya que consideraban que era un procedimiento erróneo. Ya fuera una tortura psicológica o física, los reos acababan por confesar cualquier tipo de delito, incluso aquellos de los que no se les había acusado.
El juicio, que se llevaba igualmente en secreto, se basaba en la presunción de culpabilidad y el acusado debía mostrar su inocencia. El juicio se podía eternizar, pues en general se continuaba buscando que el reo se inculpara y, sobre todo, que se arrepintiera. Rara vez se absolvía a nadie. La falta de pruebas podía llevar simplemente a la suspensión del proceso y liberación del acusado, sobre el que se seguía manteniendo sospechas.
En cualquier caso, la Inquisición, antes de iniciar cualquier proceso, emitía el edicto de gracia para que cualquiera se pudiera inculpar de alguna herejía, de tal forma que se establecían penas leves en estos casos, aunque igualmente vergonzosas.
Una vez condenado, se llevaba a cabo el auto de fe, que por lo general era público y en día festivo. Solían durar todo el día, pues se llevaba a cabo una procesión en donde los condenados desfilaban vestidos con sambenitos y sogas al cuello. En una plaza pública, más tarde, se llevaban a cabo diversos actos como lectura de sentencias, misas y, sobre todo, abjuraciones, pues el objetivo siempre era que el condenado retornara al seno de la Iglesia católica. Las condenas rara vez acababan en muerte, aunque en tal caso se entregaba al condenado a las autoridades reales para la ejecución.
La Inquisición tuvo, por tanto, la principal misión de luchar contra las falsas conversiones de judíos y moriscos, las prácticas judaizantes, así como el protestantismo. En este último caso, con una amplia censura sobre cualquier escrito que se considera contrario a la doctrina católica, lo que frenó las ideas del renacimiento y el conocimiento (caso por ejemplo de Miguel Servet). Muchos intelectuales se las tuvieron que ver con la Inquisición por su trabajo (fray Luis de León), lo que fomentó el anonimato en la literatura (Lazarillo de Tormes). Cualquier blasfemia se consideraba herejía y, por tanto, controlaba cualquier aspecto social, educacional o cultural. De hecho, la caza de brujas fue en el caso de la monarquía hispánica un aspecto menor. Evidentemente no faltaban otros delitos a perseguir, especialmente aquellos que se consideraban contra naturam, como la homosexualidad.
Esta institución se convirtió en un elemento de control social dominada por la monarquía. Una institución cuyos juicios no poseían ninguna garantía creaba un gran terror en la sociedad, no tanto por la posibilidad de ser condenado a muerte (pocas sentencias acababan en pena capital), sino por la humillación y vergüenza de ser señalado de por vida como hereje o, peor todavía, judío.
ELLIOTT, J.H. (1965): La España Imperial, Vicens-Vives, Barcelona
NETANYAHU, B. (2015): Los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV, Nagrela, Madrid