La caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República
En la tarde del 14 de abril de 1931 la puerta trasera del Palacio Real en Madrid se abrió. Salió Alfonso XIII y se montó en la parte de atrás de un automóvil Duesenberg. A diferencia que en otras ocasiones, aquella salida no era por placer. Unas horas después llegó a Cartagena y, de allí, en un barco de la armada, el Príncipe Alfonso, marchó al exilio. Quizás en aquel momento recordara lo que escribió en su diario poco antes de ascender al trono en 1902: “de mí depende si ha de quedar en España la monarquía borbónica o la república”. Quedó la segunda. Él fue el principal responsable de que, cuando abandonó el país, la tricolor ya ondeara en los edificios públicos: la monarquía había caído y la república, con júbilo y expectación, se había proclamado.
Un año y cuatro meses antes de esa precipitada salida del rey, este había recibido en palacio a Miguel Primo de Rivera, quien como presidente del Gobierno y con la concomitancia del monarca gobernaba el país sin constitución ni parlamento, es decir, dictatorialmente desde septiembre de 1923. Aquel fue el último despacho que ambos tuvieron; Primo de Rivera presentó su dimisión ante rey. Ya no contaba con ningún apoyo dentro del país, especialmente entre la oligarquía económica, que le consideraban que flaqueaba en sus medidas contra el movimiento obrero.
La salida de Primo de Rivera dejó a Alfonso XIII en una delicada situación. Al igual que Primo de Rivera, el rey se había desgastado durante todos esos años que le había mantenido en el poder. Ante este panorama, los partidos republicanos ascendieron rápidamente. Incluso los antiguos monárquicos se convertían en comprometidos republicanos o, al menos, se declaraban antialfonsinos. Algunos, como Ossorio y Gallardo, se declaraban “monárquico sin rey”. En el cumpleaños del monarca, en mayo de 1930, faltaban sobre todo los políticos que se habían turnado en el poder antes de la dictadura. Aquella fiesta era reflejo de los pocos apoyos del monarca.
Con la dimisión de Primo de Rivera, el deseo del rey no era otro que el de borrar los años de la dictadura y volver al viejo sistema de la Restauración. Ofreció el Gobierno al general Dámaso Berenguer, hombre de confianza del monarca, pues era jefe de su Cuarto Militar, y que había mostrado reticencia a la dictadura de Primo de Rivera. En la composición del gabinete se observaba, como de costumbre, la mano de Alfonso XIII: la mayoría de los ministros eran conservadores, aunque había pocos políticos de renombre, más allá de los liberales conde de Romanones y el duque de Alba, aunque este último apenas duró un mes. Sea como fuere, el gabinete Berenguer tenía como principal misión restablecer la legalidad de antes de 1923. Para ello, había que devolver las garantías constitucionales y, sobre todo, convocar elecciones para constituir las Cortes.
Desprenderse de la sombra de la dictadura era imposible, pero tampoco Berenguer fue habilidoso a la hora de volver al sistema establecido en la constitución de 1876. Las garantías constitucionales, como la libertad de prensa, se fueron restableciendo muy lentamente a lo largo de 1930, si es que lo hicieron. Tampoco llegó a convocar en ningún momento elecciones. No es de extrañar que su gobierno pasara a la historia con el nombre de la “Dictablanda”. En realidad, lo que se estaba produciendo era una prolongación de la dictadura de Primo de Rivera.
El retraso en la convocatoria de elecciones correspondía, más que a la desidia, a que no existían unos partidos monárquicos sólidos y unidos que se turnaran en el poder y que tuvieran el compromiso de retornar al sistema canovista. Los partidos liberal y conservador que se habían alternado en el Gobierno durante la Restauración ya no existían. Los intentos por reconstruirlos fueron infructuosos. El que mayor ímpetu mostró en esta tarea fue el catalán y fundador de la Lliga regionalista Francisco Cambó, quien pretendía crear un nuevo partido conservador; mientras que Santiago Alba, uno de los líderes del antiguo Partido Liberal más a la izquierda, debía hacer lo propio con un partido liberal, aunque este último se decantó más bien por la inacción. Algunos conservadores y liberales formaron un bloque constitucionalista en torno al anciano Sánchez Guerra, aunque eran más partidarios del parlamento que de mantener a Alfonso en el trono.
La cuestión era que nadie creía que se pudiera volver a la constitución de 1876. Para los políticos monárquicos y parlamentarios, en concreto los constitucionalistas, las elecciones debían ser a Cortes constituyentes. La mayoría de estos pensaban que el proceso debía ser más o menos como en 1868: Alfonso, del que no se fiaban, debería abandonar el trono, aunque mantener la monarquía era difícil si se jugaba esa carta. Que el rey abdicara en el príncipe de Asturias no era recomendable por la mala salud de este, mientras que buscar una nueva casa reinante era en 1930 tan solo un sueño de insensatos. Por su parte, el conde de Romanones consideraba que debía crearse una monarquía democrática en donde esta fuera una especie de presidencia del Estado hereditaria: una república coronada. Para esta última opción, el rey llegó a humillarse viajando a París en donde se encontraba Santiago Alba. En la reunión en un hotel parisino que ambos tuvieron en junio de 1930, en la que no llegaron a ningún acuerdo, Alba le propuso formar un Gobierno con todas las fuerzas, incluidos republicanos y socialistas, pues algunos miembros del extinto partido liberal ya aspiraban a introducir las reivindicaciones de las clases medias de la izquierda. A esas alturas, pocos eran los que creían que se podía prescindir de republicanos y socialistas.
En realidad poco importaba que las Cortes fueran constituyente o no, porque, como apuntó García Sánchez en un discurso en febrero contra el monarca, las Cortes acabarían por ser constituyentes. La idea que parecía sobrevolar entre los monárquicos no era tanto la de mantener a Alfonso ni la monarquía -el mencionado García Sánchez, aunque declarado monárquico, admitía el derecho a que las nuevas Cortes se decantaran por la república-, sino que las antiguas élites siguieran dominando el futuro del país, aunque fuera en una república, pero siempre moderada. Era la misma idea que, en parte, tenían los nuevos republicanos de derecha.
Frente a los políticos parlamentaristas, miembros del partido de la dictadura, la Unión Patriótica, fundaron Unión Monárquica Nacional. Estos tampoco se fiaban de Alfonso y le culpaban de la caída del dictador. Su posición era de extrema derecha y se presentaban como defensores de la obra de la dictadura. Eran antiparlamentarios, autoritarios, militaristas y clamaban por un jefe que dirigiera el país. Muchos de sus miembros acabarían en los grupos políticos que se opusieron más tarde a la República. Entre ellos estaba Jose Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, que acabaría fundando Falange Española. Era evidente que estos tampoco eran una alternativa con la que contar si se quería volver al sistema parlamentario.
Berenguer intentó convocar las elecciones en otoño de 1830, pero con un censo que había sido elaborado durante la dictadura, ante lo que protestaron todos los partidos. Así, las elecciones siguieron sine die. Estas eran el único medio para salir de la situación política en la que el país se encontraba, pero al no convocarse, los partidos republicanos buscaron una alternativa ya clásica en la historia de España que desbloqueara la situación: el pronunciamiento. En agosto de 1930 varios partidos republicanos, tanto de derechas (Partido Republicano Radical y Derecha Liberal Republicana) como de izquierda (Acción Republicana y Partido Socialista Radical Republicano) y nacionalistas (Acció Catalana, Estat Catala y la Organización Republicana Gallega Autónoma) se reunieron el la localidad vasca de San Sebastían, destino turístico por excelencia en aquella época, pero los líderes de aquellos partidos no tenían ánimo de tomar ningún baño de sal. Allí llegaron a un acuerdo, el llamado Pacto de San Sebastián, al que se sumó el PSOE más tarde, aunque algunos socialistas a título personal, como Indalecio Prieto, habían participado previamente en la reunión. Todos ellos se comprometieron a llevar a cabo un golpe de Estado para establecer la república, la cual debía ser, claramente, democrática. Para ello, se convocarían elecciones a Cortes constituyentes en el menor tiempo posible tras proclamarse la república.
Para preparar el golpe y asumir el poder de forma provisional una vez que este triunfara, crearon un Comité Revolucionario, en donde se encontraban miembros de los partidos antes citados. Estaba encabezado por Niceto Alcalá Zamora, líder de la Derecha Liberal Republicana, quien había sido con anterioridad ministro de Alfonso XIII. En el golpe, por supuesto, iba a participar parte del ejército, pero los preparativos fueron difíciles y la fecha para llevarlo a cabo fue cambiando. Se fijó finalmente el 15 de diciembre de 1930, pero los capitanes Fermín Galán y García Hernández, nerviosos ante los cambios constantes de fecha y el temor a que el invierno dejara atrapada a sus unidades en Jaca, iniciaron allí el 12 de diciembre la sublevación. Proclamaron la república, pero antes de que llegaran a Huesca el golpe estaba desarticulado. Los dos cabecillas, tras un rápido juicio sumarísimo, fueron ejecutados. La república tenía sus dos primeros mártires. Sus muertes tan solo ahondaron la tumba en donde la monarquía estaba a punto de ser enterrada.
Pese al revés de Jaca, el golpe de Estado siguió adelante, aunque para aquel momento el Gobierno ya estaba al tanto de las pretensiones de los republicanos. Queipo de Llano (que se volvería contra la República en 1936) y Ramón Franco (hermano de Francisco Franco) intentaron el día 15 sublevar la base aérea de Cuatro Vientos. Ramón Franco debía bombardear el palacio real aquel día, aunque finalmente tan solo se arrojaron octavillas en favor de la República. Tampoco se declaró la huelga general que se había previsto. El golpe fracasó y los miembros del Comité Revolucionario que no habían huido o estaban escondidos fueron llevados a prisión. No era el fin, el Gobierno vio con estupor como multitud de manifestaciones apoyaban al Comité Revolucionario y a la república.
Mientras tanto, Berenguer había anunciado que las elecciones serían el 1 de marzo de 1931, pero no se llevaron a cabo porque los constitucionalistas pedían elecciones constituyentes, pues de lo contrario no participarían. Los republicanos y socialistas también anunciaron que no concurrían. Para Berenguer no había ningún problema en que no participaran en las elecciones, lo que era una miopía tremenda por su parte, pues sin estas fuerzas políticas las Cortes no tendrían ninguna legitimidad. Cuando Romanones y García Prieto anunciaron que irían a las Cortes únicamente para pedir que se disolvieran y se convocaran elecciones constituyentes, Berenguer presentó su renuncia en febrero de 1931. Las elecciones, de nuevo, quedaron suspendidas.
La idea de volver al sistema de turno de conservadores y liberales volvió a resurgir. En tanto que el gobierno de Berenguer había sido mayoritariamente de conservadores, Cambó propuso que fuera Alba quien formara un gobierno liberal, pero finalmente rehusó. Entonces Alfonso optó por los constitucionalistas. Llamó a Sánchez Guerra para que formara Gobierno, aunque el viejo liberal le puso como condición que estarían en este gobierno Lerroux (líder del Partido Republicano Radical), Niceto Alcalá Zamora, algún socialista, así como un representante de la extrema derecha para garantizar la limpieza de las elecciones constituyentes. Hasta que se celebraran, las prerrogativas regias quedarían suspendidas. El rey aceptó con desgana.
Pero Sánchez Guerra, en un intento por conseguir que los republicanos y socialistas entraran en el Gobierno, evidenció la desesperación de la monarquía. Este, según cuenta Miguel Maura, acudió a la cárcel Modelo en donde solicitó entrevistarse con Alcalá Zamora, Largo Caballero, de los Ríos y Maura. En la sala de abogados, con una reja separándoles, Sánchez Guerra les dijo: “Señores, he sido encargado por el rey de formar Gobierno y he creído mi deber venir a proponerles la colaboración en el que voy a formar, si logro reunir los elementos que considero indispensables”. A las amables palabras del quien pretendía formar un nuevo gabinete, Maura exclamó “no hay nada que examinar que no esté examinado ya. Nosotros, con la Monarquía, nada tenemos que hacer ni que decir”. Pocos días después tuvo lugar el juicio contra el comité, que se convirtió en un mitin republicano en toda regla, pues los acusados alegaron que se habían sublevando contra una dictadura y no contra un régimen parlamentario. En efecto, acusarles de subversión era irrisorio cuando no existía en el país ninguna constitución vigente. Al final, las penas que se les impuso fueron leves, pues como dejó escrito Maura: “no se podía condenar a quienes no estaban en el Poder porque lo habían despreciado”. Todo esto dejaba en evidencia que la monarquía estaba perdida.
El rey, tras rechazar Sánchez Guerra formar Gobierno, acabó por nombrar presidente al almirante Aznar. Se trataba de un gobierno de leales al rey, tanto de conservadores como de liberales, en donde Romanones dirigía en realidad al propio presidente. El Gobierno, finalmente, restableció las garantías constitucionales y convocó elecciones a Cortes constituyentes, que serían en junio, aunque antes tendrían lugar las elecciones municipales, el 12 de abril. Posiblemente, estas elecciones tenían la intención de ser una especie de sondeo, aunque los monárquicos, pese a todas las señales, se sentían seguros de que la monarquía no estaba en peligro. Eran conocedores de que en las zonas urbanas republicanos y socialistas tenían amplios apoyos, aunque quizás solo en las de mayor tamaño como Madrid y Barcelona. Además, confiaban en la masa rural y en la manipulación de la misma por medio de la maquinaria caciquil. Un informe que se le dio a Berenguer pronosticaba que, en las elecciones generales, republicanos y socialistas no obtendrían, como en el pasado, más de una decena de escaños.
Los partidos republicanos y los socialistas se presentaron a estas elecciones, por lo general, en coalición en los diversos municipios. Los monárquicos debían hacer lo mismo, aunque para ello tuvieran que unirse los antiguos conservadores y liberales, que eran parlamentaristas, con los autoritarios de la Unión Monárquica Nacional. Las listas conjuntas de monárquicos eran incoherentes, pues la Unión Monárquica defendía el legado de Primo de Rivera, mientras que los otros siempre habían criticado la dictadura. Por si fuera poco, liberales y conservadores, acostumbrados a la practica caciquil, se quedaron cruzados de brazos en la campaña, dejando el peso de la misma a la Unión Monárquica, cuyo argumentario era azuzar con el temor al comunismo y el auge de la criminalidad si no se votaba a las listas monárquicas. Todo esto parece que llevó a muchos monárquicos a votar por la República o, al menos, abstenerse.
La jornada electoral transcurrió con gran normalidad. El día 13 se conocieron los resultados. En palabras del almirante Aznar, el país se había acostado monárquico y se había levantado republicano. En efecto, en casi todas las capitales de provincia (cuarenta de las cincuenta) la mayoría de los concejales electos eran republicanos o socialistas. En otras tantas ciudades con amplia población había ocurrido lo mismo. Solo en las zonas rurales habían triunfado los monárquicos, gracias a la alta abstención, a la maquinaria caciquil y a la inexistencia de candidaturas republicanas en tales zonas. La lectura era simple: en donde el voto había sido libre, es decir, en las zonas urbanas, los republicanos o socialistas habían ganado.
El Gobierno y la monarquía entraron en crisis. Jamás habían imaginado que los republicanos se impusieran de esa forma. Por si fuera poco, “la calle […] en plena efervescencia, con banderas y cantos, descontaba y festejaba el triunfo total de la causa republicana”. Algunos miembros del Gobierno aceptaron que aquellas elecciones eran en realidad un plebiscito entre república y monarquía. Berenguer, Ministro de Guerra, mandó a los capitanes generales telegramas en donde se les ordenaba que se “atuvieran a la suprema voluntad nacional”. Romanones, al preguntar al general Sanjurjo, director de la guardia civil, si el gobierno podía contar con la Benemérita obtuvo como respuesta el silencio. El día 13, Aznar dimitió. El rey, que parecía no ser del todo consciente de la situación, creyó que podía llamar el día 14 a Sánchez Guerra para que formara un Gobierno que convocara Cortes constituyentes, mientras que él, el monarca, se ausentaría temporalmente del país. En realidad, era ya tarde para los experimentos.
El 14 de abril a primera hora de la mañana, el ayuntamiento de Eibar proclamó la república. A lo largo de la mañana eso mismo sucedió en otras tantas ciudades. El conde de Romanones se convirtió en embajador del rey ante el Comité Revolucionario y les comunicó la propuesta del rey. Incluso a la desesperada, les ofreció que formaran Gobierno o que el rey abdicara en el infante Carlos. Alcalá Zamora exigió que el rey abandonara ese mismo día el país.
Mientras todo eso ocurría, Alfonso todavía estaba recibiendo en palacio candidatos para formar Gobierno, pero todos le espetaron que ya no debían lealtad más que a la soberanía nacional. Entre ellos estaba el propio Romanones. Pocos fueron, como de la Cierva (que no observaba en los resultados ninguna victoria republicana), partidarios de resistir hasta que se realizaran las elecciones a Cortes constituyentes. El rey en su manifiesto en donde se dirigía al pueblo español y justifica su exilio indicaba que “Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo contra los que las combaten; pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fratricida guerra civil.” En realidad, Alfonso pretendió tomar esa linea militar, ya que hasta la noche del 13 de abril se había estado en palacio ultimando la proclamación de la ley marcial. Tan solo las evidencias del apoyo popular, la proclamación de la república en diversos municipios y que el propio Sanjurjo se pusiera a las ordenes del Comité Revolucionario acabaron por hacer claudicar al rey.
Por la tarde del día 14, los miembros del Comité Revolucionario llegaron a la Puerta del Sol ante numerosas personas que vitoreaban a la República. Cuenta Maura que «Sin dificultad, llegamos cerca de Cibeles. A partir de ahí nos fue forzoso ir muy despacio, porque la calzada estaba repleta de gentes. Pronto nos reconocieron, y entonces empezó nuestro calvario. Tardamos cerca de dos horas en recorrer el trayecto de la calle de Alcalá que une la plaza de Cibeles con la Puerta del Sol, o sea poco más de un Kilómetro. El gentío nos abría camino a fuerza de empujones y apreturas, pero a la vez se subían en los estribos y las aletas de mi coche […]. En la Puerta del Sol, la aglomeración desbordaba ya toda medida imaginable. Las farolas, los tranvías, parados en medio de la Plaza, los balcones y los tejados eran ocupados por innumerables racimos humanos. El griterío ensordecía.» Los miembros del Comité Revolucionario proclamaron oficialmente desde el balcón del entonces edificio del Ministerio de Gobernación la Segunda República, y se convirtieron en el Gobierno Provisional.
El rey, en la madrugada del día 15, llegó a Cartagena y allí preguntó al capital militar de la región de Murcia si se había proclamada el estado de guerra en Madrid. Parece que el rey todavía mantenía esperanzas de no embarcar. Al final lo hizo y en su comunicado a los españoles reconocía que “Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo”. Pero no abdicaba, sino que suspendía la monarquía pues “mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo,…” Ya en París, declaraba que la República era “una tormenta que pasará rápidamente”. El rey no volvió. Tampoco la República duró demasiado, pues con el monarca también perdieron las élites económicas el bastón de mando, que recuperaron por medio de un Golpe de Estado en 1936 y una guerra civil de tres años.
BIBLIOGRAFÍA
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