La Guerra de los Socii
Como se ha dicho anteriormente, Roma no tenía igualdad jurídica con todos sus habitantes. Por muchos territorios que hubieran conquistado, aunque dominaran toda Italia, sus habitantes no tenían en su gran mayoría la ciudadanía romana. Por tanto, los itálicos eran considerados extranjeros. Desde esa situación, la aspiración de éstos a la ciudadanía romana era antigua, y era compartida tanto por la elite como por la masa. La elite, porque participaba en el comercio y querían compartir el poder político para influir en las decisiones económicas. La masa porque era la parte fundamental del ejercito romano, pero excluidos de los beneficios de la guerra. En ningun caso deseaban la independencia, sino la integración.
En los años anteriores había habido una gran flexibilidad para aplicar las leyes que excluía a latinos e itálicos de la ciudadanía. Mario ya había concedido la ciudadanía a reducidos grupos de itálicos, y en el año 97 los censores no tuvieron inconveniente en incluir a itálicos en el cuerpo de ciudadanos.
En el año 92 se expulso de Roma a los rectores itálicos, y en el año 91 se produjo el asesinato del tribuno Libio Druso, que representaba el último intento de ampliar la ciudadanía a itálicos y latinos. En el año 91 había presentado un gran programa legislativo que incluía la propuesta de conceder la ciudadanía a todos los aliados. Esa propuesta no fue aprobada. Druso perdió todo su apoyo, y poco después fue asesinado. Los itálicos, de esta forma, vieron desaparecer la última posibilidad de acceder a la ciudadanía romana, y recurrieron a la vía militar.
Mientras se preparaban para la guerra, se produjo el incidente de Asculo, en el que fue asesinado uno de los praetores que había sido enviado para prevenir una posible rebelión de los aliados. Además también fueron asesinados todos los ciudadanos romanos de la ciudad, lo que dio motivos a Roma para declarar la guerra a los socii.
La guerra duró del 90 al 88. No se revelaron los etruscos, ni umbros, ni latinos. Había dos liderazgos, el de los samnitas y el de los samnios, por lo que había dos frentes a los que Roma tenía que enfrentarse. Los rebeldes se dotaron de una organización Estatal de carácter federal a la que denominaron Italia. A imitación de Roma, se dotaron de dos cónsules, doce praetores – uno por cada comunidad sublevada-, y de un Senado de 500 aristócratas de las ciudades rebeldes. Fijaron la capital en Corfinium, que pasó a llamarse Itálica.
Para Roma el peligro mayor era esa organización, y su fuerza militar. Roma tuvo que recurrir a provinciales para forma el ejercito, que estaría compuesto de nada menos que de 14 legiones. Al mismo tiempo el Senado romano optó desde el año 90 por la solución política, y esa solución se plasmo en dos leyes, una del año 90, la lex Iulia, por la cual se ofrecía la ciudadanía a todos los latinos y comunidades itálicas, siempre que no se hubieran levantado en armas. Además la ley autorizaba a los magistrados a conceder la ciudadanía a los provinciales que por su lealtad se la merecieran, así como la posibilidad de que los generales otorgaran la ciudadanía a algunos de sus soldados.
Las dos medidas supusieron el final de la guerra. Todos los habitantes de Italia se convirtieron en ciudadanos de pleno derecho. Pero los romanos los censaron en ocho tribus de manera que si había 35 tribus, y cada una contaba como una unidad de voto, los aliados no podían alterar el proceso electoral, ni imponer su punto de vista.
Por otra parte el Senado se reforzó. Aprovechó su protagonismo para hacerse con el control de los tribunales permanentes, y mediante la lex Plotia del 89 se transfirió a los senadores los casos de corrupción.
Una cuarta consecuencia fue la privatización del ejército, puesto que la guerra favorecía la formación de ejércitos personales.
Finalmente la guerra de los socii fue costosa por la destrucción de ciudades, devastación de campos, y porque la guerra interrumpió la normal recaudación de los tributos.