La venta de cargos en Castilla durante la Edad Moderna

La venta de cargos es una practica que en general se dio en todos los países europeos, pero que tristemente no ha sido tratado de forma minuciosa, y no se le ha prestará atención hasta la década de los ochenta. Se contaba con una breve obra sobre el tema de K.W Swart, de carácter general. Más a fondo investigó R. Mousnier, pero centrándose en Francia. En España, los estudios sobre la venta de oficios no son muchos, la mayor parte son indicaciones contenidas en obras de carácter general.

En cuanto a las fuentes para la investigación son abundantes, en especial la mayor parte de la documentación, referente a este tema,  se guarda en los archivos de Simancas (en su mayor parte documentación de la época de los Austrias) y el Histórico Nacional, así como en los diversos archivos de Protocolos. También, otra fuente importante de consulta, son los archivos de los municipios, ya que fueron en su mayor parte, los oficios municipales los que fueron vendidos. Por lo tanto se tiene una abundante documentación para investigar sobre el tema, que se amplia si contamos también los archivos nobiliarios y eclesiásticos que guardan, también, una amplia documentación.

Al igual que en muchos de los países Europeos, la venta de cargos fue algo habitual como fuente de ingreso de las monarquía. En España sucedió lo mismo, pero con sus propias característica, ya que que los oficios realmente importantes, como la justicia, nunca fueron vendidos por diversas causas. Esta práctica, que surge en la Edad Media, fue progresivamente aumentando durante la Edad Moderna, y se deben tener en cuenta a la hora de estudiar el tema, además del tipo de cargos que se vendían, quiénes compraban esos cargos, y los beneficios que esperaban obtener de ellos, tanto el vendedor (la monarquía) como quien los adquiría.

En primer lugar, hay que decir que es cierto que en España se dio la venta de oficios, pero hay que diferenciar características distintas que las que se podían dar en otros países. Así mismo hay también que tener en cuenta, que entre los propios reinos hispanos, también se dieron diferencias transcendentales en este tema. Será en Castilla donde se dio realmente esta venta de oficios, ya que en otros reinos, como la Corona de Aragón, no se desarrollo esta práctica, o tan solo en unos oficios muy concretos, al menos hasta el siglo XVIII, como consecuencia de la política centralizadora de Felipe V que extendió instituciones administrativas, típicas de Castilla,  a los territorios de la Corona de Aragón, así como a Navarra. Es también extensible esta práctica de venta a las Indias, sobre todo en los primeros momentos de la colonización, aunque se debe tener en cuenta que en las colonias americanas se daban unas circunstancias distintas que no admitían la reproducción  de los modelos castellanos.

La práctica de la venta de oficios y cargos se remonta a la Edad Media, aunque en esa época eran los señores o en su caso los municipios quien realizaba dicha venta, por lo que la ganancia obtenida por la venta no llegaba al rey. Aunque también hay algunos indicios que en algún momento dado, las cortes podían poner en oferta algunos cargos para ayudar a los gastos reales, normalmente en época de guerra.

Se puede apreciar que la venta de estos cargos no se hacia de una forma continuada, sino en un momento de gran necesidad financiera. No será hasta mediados del S. XVI cuando la venta de oficios se haga de forma continuada, convirtiendo esta práctica en un ingreso regular de la monarquía, y en uno de los más importantes. De este modo, en 1545 se autorizaba a corregidores, alcaldes y otras autoridades el traspaso de regidurías, juradurías y escribanías.

Se podría decir que la venta de oficios empezó a institucionalizarse como Domínguez Ortiz sostiene  en su artículo. Aunque para Tomas y Valiente, la venta de cargos no estuvo nunca legalmente regulada, ni tampoco la transmisión de unos particulares a otros de estos cargos.  Al no existir esta base legal la venta se ocultaba, cubriéndose el precio bajo la formas de donativos. De la misma forma, el traspaso de oficios entre particulares se realizaba bajo la apariencia de una renuncia. En general se actuaba según las circunstancias del momento, en especial de las circunstancias de la Hacienda real. De todas formas, ya fuera de una forma o de otra, la venta de cargos se hacia con el consentimiento real.

Sea como fuere, en Castilla, con Carlos V se habían iniciado a vender los primeros cargos, que se ampliará con Felipe II. Pero contra la venta de estos oficios estaban las Cortes, compuesta por los representantes de las ciudades. Las oligarquías municipales estaban en contra de que elementos ajenos a ella entraran en estos cargos, ya que de lo contrario estaba en juego el viejo patriciado de caballeros y burgueses ennoblecidos. Se tiene constancia que durante el reinado de Felipe II las Cortes le pidieron hasta en cinco ocasiones que se derogaran disposiciones sobre la venta de dichos cargos. Estas peticiones eran en su mayoría contestadas por el monarca con evasivas. Además, la venta de cargos aumenta conforme el monarca tiene mayor poder, ya que anteriormente, como ya he comentado, los monarcas debían contar con la aprobación de las Cortes.

Por otra parte, la venta de las regidurías, no se consideraba del todo grave, ya que eran cargos colegiados, y las decisiones se tenían que tomar por mayoría. Pero siempre se estuvo en contra de la venta de los cargos de justicia, y es verdad que los reyes españoles no los vendieron. De igual modo, otros cargos, como el de escriba, que requería una capacidad profesional, se prohibieron en algunos momentos que se pudieran arrendar. En España, mientras que la mayor parte de cargos se vendían, siempre se prohibirán vender los oficios de justicia y de guerra, entre otras razones, porque para desempeñarlas era necesario que quien ocupara el cargo, tuviera los estudios y la capacidad para desempeñarlo.

Pero fue ante todo los cargos de justicia, los que nunca fueron vendidos. Los motivos por los que no se vendieron oficios jurisdiccionales eran varios y de distinta índole, pero fue ante todo porque la justicia era el más específico y superior atributo real (se puede decir que gobernar es aplicar justicia),  por lo que su enajenación, por medio de la venta a perpetuidad de oficios jurisdiccionales, ponía en peligro el mismo poder soberano del rey.

Existe relación entre el incremento de la venta de oficios y las necesidades del Estado. En el reinado de los últimos Austrias se seguirán vendiendo cargos, incluso más importantes que antes. Además las ventas  no respondían a ningún plan, sino  a las necesidades del momento, al menos así lo defiende Domínguez Ortiz, ya que por el contrario Tomas y Valiente, sostiene que la autorización de Felipe II para llevar a cabo las operaciones de ventas de los oficios públicos fueron planeadas por el Consejo de Hacienda, y tenían el objetivo  de obtener el máximo  y más inmediato beneficio. Ciertamente, si se tenía algún plan, este era a corta plazo.

En el momento en que la situación financiera del Estado mejoró se dejará de vender cargos, incluso se intentará reparar aquel daño. Sin embargo el reformismo borbónico, del que destacan Felipe V, Fernando VI y Carlos III, no lo situará entre sus prioridades. Las medidas que se tomaron solo lo paliaron, pero no acabaron con el problema. En cierto modo, estos monarcas continuaron la política iniciada por Carlos II, por la cual la monarquía inició una política de recuperación de los oficios enajenados, que a partir del S. XVIII fue beneficiosa, ya que ante la devaluación de la moneda hacia que estos oficios pudieran volver a la corona a un precio muy inferior al pagado en el S. XVII. Aunque en ocasiones se volvieron a vender, en una política contradictoria.

Como ya se ha mencionado antes, en España no se llegaron a los extremos que en Francia, tan solo en caso excepcionales, y rehusando venderse cargos militares y judiciales.

Los municipios fueron donde la venta de oficios fue mucho mayor, en donde los oficios anuales se perpetuaron, o se crearon para la venta otros cargos, lo que produjo una saturación, que además  la mayor parte de los compradores lo hacían para satisfacerse a si mismos, y sobre todo para lucrarse, lo que llevaba a un perjuicio del pueblo.

Además de los oficios municipales, había otros del más variado género, como el de proveedor general de la Armada. Había también otros más humildes, que para su adquisición no se requería gran pago.

Tomas y Valiente divide los oficios de Castilla en tres tipos: los de pluma, los de poder, y los de dinero. El primero, en su mayoría lo componían oficios vendibles, eran empleos públicos desempeñados con la pluma, es decir, un trabajo de oficina. Eran oficios como el de escribano, relatores judiciales, etc. Los beneficios que se obtenían era la percepción de una seria de tasas pagadas por la persona que solicitaban un acto de estos oficios, por ejemplo una escritura.

Los oficios de poder, del que destaca el de regidor municipal, eran oficios reales, dando a cada uno de los correspondientes regidores el titulo correspondiente, pero su salario era reducido y fijo, y se pagaba con cargo a la ciudad o villa. Este cuerpo estaba integrado por pocos miembros que formaban una oligarquía local. Durante siglos los oficios de regidores se transmitieron por vía de renuncia entre miembros de un puñado de familias, de tal forma que desde mediados del siglo XIV hasta mediados del XVI la Hacienda real no vendió  tales oficios y se limitó, como un acto de merced, a que los particulares se transmitieran estos oficios por la vía de renuncia.

Hay que dejar claro que si el cargo de regidor se vendió, nunca se hizo con el de Corregidor, al ser este un cargo político de confianza real, y que incluso podía tener en ocasiones poder militar.

En cuanto a los oficios de dineros, como su nombre indica, eran aquellos cargos en los que se manejaba dinero, y que directa o indirectamente dependían de la Hacienda Real. Había gran cantidad de estos cargos, como Contadores, Tesoreros, Depositarios, Receptores, Corregidores, Fieles, Medidores, Talladores, Romaneros, etc.

Muchos fueron los que puedieron comprarse cargos para si mismos. Las grandes familias lo hicieron para ascender socialmente, e incorporar a sus mayorazgos cargos eminentes, regidurías de ciudades de voto en Cortes, alfererazgos, etc. Además estos oficios eran susceptibles de arrendarse, concederse en dote, traficarse, es decir, era un bien más de la herencia.

También las clases humildes participaron, aunque claro está, en aquellos oficios humildes, en la media en que se lo podían permitir. Ante todo estas clases humildes buscaban en el oficio un beneficio económico con la posibilidad de ascender socialmente, dentro de sus posibilidades. Algunos alcanzaban dinero suficiente para comprar una escribanía local o el oficio de regidor, que fuera de las grandes ciudades resultaban relativamente baratos, pero que claramente producían un menor beneficio, que además se veía reducido, al tener que pagar a otra persona para que ejerciera las funciones del cargo, al no contar el comprador del cargo con la capacidad para ejercerlo. Por otra parte, los oficios relacionados con el dinero, no estuvieron al alcance de las clases más humildes, al tener que pagar  una fianza, que garantizara la honradez profesional.

Pero la gran compradora fue la burguesía rural y urbana, con el doble fin de procurar su ascenso social mediante el poder y la influencia que procuraban los cargos y el provecho económico que de ellos extraían. Hay que tener en cuenta, que esta burguesía, estaba ansiosa de entrar a formar parte de la nobleza, y una de las formas era ostentar altos cargos de la administración, muchos de los cuales llevaban acoplados títulos.

Los oficios que se compraban pasaban a incorporarse al patrimonio del oficial como un bien más de su propiedad. Hay que decir también que en muchas ocasiones, dependiendo también del puesto, quien compraba el oficio no lo desempeñaba. Se producía una disociación o separación entre la propiedad del oficio, y su ejercicio, para lo cual se designaba a otra persona que lo ejercía en nombre del dueño. Esto se daba, debido a que el propietario no tenía la capacidad necesaria para ejercerlo, como por ejemplo el oficio de escribano. En otras ocasiones, al propietario le valía con ostentar el título que llevaba el oficio, sin mostrar ningún interés por ejercerlo.

Se debe destacar que, no siempre fueron personas individuales las que tenían en propiedad el oficio. En muchas ocasiones estos pertenecían a conventos, monasterios, etc. Estos cargos, en su mayoría provenían de donaciones, y en la mayor parte de las ocasiones, para desempeñar sus funciones debían recurrir a otras personas.

Muchos  compraban los oficios  con la única intención de promoción social. El beneficio por la compra era la influencia, la notoriedad y el prestigio que su posesión confería. Otros lo habían hecho para beneficiarse económicamente, aunque muchos de estos oficios, como el de escribano, no resultaron ser tan ventajoso por la gran cantidad de escribanías que existían.

Las repercusiones políticas propiamente dichas fueron escasas o nulas, por cuanto la Corona rara vez enajenó los cargos verdaderamente decisivos. Pero a nivel municipal fueron de gran trascendencia., pues muchos cargos, de carácter electivos fueron eliminados, convirtiéndose en patrimonio de una determinada familia.

Además la privatización de muchos oficios, que pasaban a ser propiedad privada de una determinada familia, hizo que la Monarquía  ya no pudiera intervenir en los futuros titulares de esos cargos, ya que serían designados libremente por los futuros titulares del oficio. Aunque tampoco hay que desprestigiar esta capacidad de la Monarquía, ya que la entrega de este título permitía un control administrativo de quienes ejercían el cargo.

Además de la venta de oficios propiamente dicha, la Hacienda real busco otros procedimientos, relacionados con la venta de cargos, que permitiera unos mayores ingresos. Así por ejemplo se vendieron perpetuidades. La compra de esta perpetuidad, por quienes ya tenían un oficio vitalicio, le permitía trasmitir el oficio sin la necesidad de tener que realizar el lioso trámite de la renuncia, así como evitar las cláusulas restrictivas que esto conllevaba.

Cuando ya no había oficios para vender, se crearon nuevos, los llamados “acrecentados”, sobre todo aquellos que tenían mayor demanda. Se fue creando así a lo largo de estos siglos un excedente en burocracia, y que realmente no servía para nada, pero que a corto plazo dio importantes ingresos a la Hacienda, aunque a largo plazo resultaría ser  una importante cargo para el Estado. Por otra parte, también los propietarios salían perjudicados al crearse más cargos del mismo tipo, ya que cada vez las rentas estarían repartidas entre más personas, como sucedía en el caso de los escribanos. Ello provoco protestas, en especial de los cuerpos afectados. La solución de la Monarquía fue idear el mecanismo de “consumo de oficios”, por el cual se eliminaban oficios con la condición  de que las ciudades o los colegios de estos oficios pagaran los gastos y las indemnizaciones a los propietarios.

Otro de los procedimientos de la Hacienda para aumentar los ingresos, consintió en crear nuevas disposiciones. Así por ejemplo, en la primera mitad del S. XVII se impuso el impuesto de la “media annata”, el cual consistía en que el titular de un oficio debía pagar, durante el primer año que ostentaba el cargo, la mitad de los ingresos obtenidos por dicho oficio.

Socialmente, la venta de cargos también tuvo repercusiones, pues permitió a un mayor número de personas entrar a formar parte de las reducidas oligarquías municipales, recelosa de entrada de nuevos miembros. Ello no quiere decir que se produjera una democratización, ni mucho menos, tan solo sirvió para crear nuevas capas sociales adineradas.

La compra de oficios se convirtió en una inversión atrayente y saneada. Aunque unas resultaron altamente productivas, en cambio otras resultaron ser un mal negocio, llegándose en ocasiones al abandono de los cargos. Provoco que la inversión de los beneficios obtenidos en el comercio y la agricultura, fueran a parar a la compra de oficios, unos beneficios podrían haber ido a parar a una inversión más productiva, de lo que resulto ser ésta.