Manifiesto del Frente Popular (Comentario de texto)

Manifiesto del Frente Popular

Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria.

I. Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se comprometen:

  1. º A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933 […].

VII. La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos.

VIII. La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más amplio nivel moral por encima de razones confesionales y de clase social.

 

Reproducido en A. FERNÁNDEZ y otros, Documentos de Historia Contemporánea de España, Madrid, Actas, 1996, pp. 481-483.

El presente texto es circunstancial. Tiene una naturaleza política en tanto que se trata de un manifiesto realizado por una serie de partidos para presentarse en coalición a las elecciones. El tema es en buena medida político, aunque se recogen puntos con carácter social y económico. El autor del mismo son los partidos firmantes, a los que aludiremos posteriormente. Fue realizado a principios de 1936, y tenía un carácter público y dirigido a todos los ciudadanos en tanto que se trata de un programa electoral.

El texto nos recoge alguno de los puntos con los que se presentaban los diversos partidos (los cuales se exponen al principio) y que será la acción de gobierno en caso de que la victoria sea para el Frente Popular. En este caso se nos recogen tres de las medidas: la amnistía para los represaliados desde el año 33, la mejora de vida de los trabajadores, así como el tema de la educación pública.

Antes de entrar en mayor detalle del texto, debemos trazar un breve contexto histórico que nos permitirá entender por qué se firmó este manifiesto:

Durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), el apoyo que Alfonso XIII otorgó a este produjo un amplio ascenso del republicanismo (algo que ya se llevaba produciendo, en cualquier caso, durante los años de la crisis de la Restauración). En cualquier caso, la dimisión de este, y la llegada al gobierno del general Berenguer (la llamada dictablanda) que no encontró momento oportuno para retornar al antiguo sistema constitucional de la restauración, llevó a los partidos republicanos, nacionalistas y al PSOE a firmar el Pacto de San Sebastián, a partir del cual se ponían de acuerdo en establecer una república. Tras un intento de golpe de Estado el 15 de diciembre de 1930 en la base aérea de Cuatro Vientos, que solo consiguió poner en cautiverio a parte de los miembros del Comité Revolucionario, el nuevo presidente del gobierno, Berenguer, convocó elecciones municipales el 12 de abril (antesala de las generales y que pretendían medir el pulso al país), las cuales dieron como resultado una victoria a los republicanos en la mayoría de las capitales de provincia (frente a las zonas rurales en donde allí habían ganado los candidatos de los antiguos partidos de la restauración). La lectura electoral era que el país estaba a favor de la República. El 14 de abril la República era proclamada en diversas ciudades, y el comité revolucionario la oficializaba en la puerta del sol, convirtiéndose en el Gobierno Provisional presidido por Alcalá Zamora.

El Gobierno Provisional, de acuerdo al pacto firmado, inició (previa convocatoria de Cortes) un programa de reformas que tenían como objetivo solucionar alguno de los problemas más acuciantes del país que no podían esperar la reunión de las Cortes y que, en cualquier caso, continuarían estas. Entre las principales medidas estaban el ejército y el amplio número de oficiales, la reforma laboral, la reforma agraria, la laicidad y obligatoriedad de la enseñanza, y el nacionalismo, en concreto el catalán. Estas reformas iniciadas por el Gobierno Provisional, las continuó del Gobierno de Manuel Azaña tras convocarse las Cortes legislativas de 1931.

Pero la mayor parte de las medidas fueron suspendidas tras la victoria del centro-derecha en las elecciones de 1933.  Los radicales presidieron los diversos gobiernos del bienio derechista (noviembre de 1933 a enero de 1936), apoyados por la CEDA al principio y luego entrando en el gobierno. La CEDA, en cualquier caso, impuso un programa de rectificación de la legislación progresista. La intención, en última instancia, era usar la vía parlamentaria para cambiar la República y acomodarla a la oligarquía económica del país.

Los casos de corrupción, en concreto el escándalo de “Straperlo”, llevaron a Alcalá Zamora a convocar unas nuevas elecciones, en donde los partidos republicanos de izquierda, junto a otros socialistas, se presentaron en coalición, lo que les permitió la victoria en las elecciones del 16 de febrero de 1936. Estos partidos se presentaron con un programa electoral conjunto, que se expone a continuación.

Dicho esto, comencemos ahora comentando los diversos puntos del texto:

En primer lugar, tratemos acerca de los firmantes. Estos los podemos dividir en dos grupos. Por un lado, partidos republicanos de izquierda, los cuales eran en realidad partidos de pequeños burgueses que pretendían ante todo la defensa de la democracia, tales como Izquierda Republicana (liderado por Manuel Azaña) y Acción Republicana (partido que había salido del Partido Radical). Por otro lado, tenemos a los partidos obreros (las fuerzas obreras según el texto), que son el Partido Socialista Obrero Español, que firma también en nombre de la UGT, sindicato también de corte marxista y, de hecho, su secretario general, Largo Caballero, era miembro del partido. De la misma vertiente, la Federación de las Juventudes Socialista, que participan a título personal (de hecho, estaban cercanas a las Juventudes Comunistas), y el POUM, partido comunista, pero de carácter trotskista. También firma el Partido Comunista de España, pese al recelo que despertaba entre la izquierda republicana, pero cuya participación fue una imposición socialista para que ellos mismos entraran. Aunque no se menciona a la CNT, que no entró por una cuestión obvia: el anarquismo está contra cualquier tipo de Estado, indirectamente apoyó al Frente Popular al no solicitar a sus números afiliados la abstención en las elecciones como solía ser habitual. No obstante, el Partido Sindicalista, que es uno de los firmantes, era de corte anarquista.

Aunque el franquismo tendió a considerar a todos estos partidos bajo el término “rojos” y, por tanto, dando a entender la orientación comunista de todos ellos, bien se observa en el manifiesto que se indica que cada partido tiene postulados distintos. No obstante, establecen un “plan político común”, es decir, un programa de mínimos, con el que todos están de acuerdo y que deberá servir de programa al gobierno de ganar el Frente Popular. Se observa que tienen muy claro los partidos obreros su no entrada en el Gobierno, a diferencia de lo que había hecho el PSOE durante el gobierno provisional y el gobierno de Manuel Azaña durante el bienio progresista. Así, se considera que del Gobierno se encargaran los partidos republicanos de izquierda, como más tarde ocurrió, que lo presidió de nuevo Azaña, aunque este pretendió que entrara nuevamente el PSOE para lo cual llegó a un acuerdo con el socialista Prieto para que este formara gobierno después de que el propio Azaña se convirtiera en presidente de la República (tras apartar las Cortes a Alcalá Zamora). Algo que no se consiguió debido a que Largo Caballero se opuso.

En cuanto al programa, penetremos en el primero de los puntos: se defiende una amnistía para todos aquellos delitos político sociales posteriores a noviembre de 1933. La fecha es bastante concreta y coincide con el inicio del Bienio Derechista. Durante todo el periodo, el gobierno radical-cedista llevó a cabo una amplia represión contra las fuerzas sindicales de izquierda. A los pocos días, de hecho, de la victoria del centro-derecha, la CNT desencadenó ya una insurrección armada que se extendió por Aragón, La Rioja y el sur de España, que llevó a la detención de 700 insurgentes.  La paralización de la reforma agraria (de hecho, fueron devueltas a sus propietarios las tierras expropiadas), que estaba fue uno de los elementos que más contribuyeron a crear un clima de agitación en el campo español. Además, la entrada de la CEDA en el gobierno (que no había jurado públicamente la República) llevó a la Revolución de octubre de 1934. El PSOE optó por llevar a cabo una huelga general, que fue rápidamente desmontada en toda España, pero que en Asturias se convirtió en una rebelión armada que el gobierno de la República acotó con gran violencia. También en Cataluña, el apoyo de la Generalitat a los obreros hizo que el Estatuto de Autonomía fuera suspendido y el gobierno de Companys detenido. Las detenciones fueron tanto en Asturias y Cataluña muy numerosas. La represión no dejó de realizarse durante el año 1935, de hecho, se suspendieron las garantías constitucionales durante todo ese periodo. Así pues, se pretendían conmutar las penas de todos aquellos que habían sido condenados por aquellos hechos. No hay que olvidar, en cualquier caso, que el propio gobierno radical había amnistiado previamente a aquellos que habían participado en el golpe de Estado perpetrado por Sanjurjo en 1932.

En el punto VII, como ya hemos dicho, se espera que se realice un programa que mejore las condiciones de vida de los trabajadores. Son conscientes los firmantes del manifiesto, como ya hemos expuesto, que los dos grupos de partidos son muy diferentes entre sí. Parece que los partidos obreros consideran que los partidos republicanos conciben la República en el sentido de un régimen democrático. Dicho de otra manera, estos partidos, que eran de pequeños burgueses, no atentaban contra los clásicos derechos del liberalismo como podía ser la propiedad o el propio sistema capitalista. Ni siquiera la reforma agraria venía a poner en tela de juicio esto, pues hay que recordar que se pagaban indemnizaciones y que básicamente cualquier propietario que tuviera sus tierras bien cultivadas las podía mantener. Los partidos obreros, en cualquier caso, defendían una política directamente relacionada con la clase obrera y un cambio de sociedad tal y como proponía el marxismo. Pero, es evidente, que defender un régimen democrático se entiende también como “progreso social”, y por tanto esas fuerzas republicanas, que deben gobernar la República, deben mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, independientemente de que en el proceso se vean perjudicados aquellos que gozan de mayor riqueza y un estatus superior en la sociedad.

No se solicita nada nuevo, la actuación del gobierno provisional y el progresista presidido por Azaña demuestra que habían ido en esta dirección. Durante el bienio progresista -y ya antes durante el gobierno provisional- se habían llevado a cabo una legislación en este sentido. Largo Caballero, desde el Ministerio de Trabajo, impulso la jornada laboral de ocho horas en el campo, así como sueldo mínimo y contratación de jornaleros de los propios términos municipales. Más tarde, la reforma del trabajo estableció igualmente alguno de estos aspecto -aunque la jornada de ocho horas ya había sido establecido en la industria por el conde de Romanones tras la huelga de La Canadiense en 1919-. Entre todas esas medidas, la reforma agraria era, desde luego, la que pretendía crear pequeños propietarios y mejorar el modo de vida de los jornaleros. Pero evidentemente, estos “sacrificios” que debían pagar las altas clases del país no iban en cualquier caso a desmotar el sistema de clases social ni mucho menos imponer la igualdad social y económica.

Finalmente, el punto octavo recoge la cuestión educativa. La actuación del gobierno provisional, y así lo recoge la constitución, creaba una educación obligatoria para todos los españoles, la cual debía ser únicamente pública, laica y gratuita. En este sentido, se prohibía a las congregaciones impartir clases tal y como habían realizado desde siempre. La laicidad, por tanto, implicaba una educación por encima de cualquier confesión -aunque no implica la imposibilidad de creencia-. Por otro lado, otorgar a todos la misma educación y, además, gratuita implica una educación similar para todos independientemente de la clase social a la que se permita. El objetivo de todo ello era crear ciudadanos con amplios conocimientos, algo de gran importancia pues se considera que solo ciudadanos formados pueden conseguir un régimen democrático. Hay que decir, además, que la educación no solo se planteo para la población en edad escolar, sino que por medio de las misiones pedagógicas se llevó a cabo en gran parte del país y, más concretamente, en el mundo rural un amplio programa de educación de adultos encaminado, sobre todo, a la alfabetización de dichas gentes. Evidentemente, todo esto fue suprimido igualmente por el Bienio Derechista, dejándose a las congregaciones mantener sus colegios, pese a que atentaba contra la propia constitución.

Este programa, por tanto, era meramente un programa de mínimos y, más bien, con un carácter de centro-izquierda en el que los propios partidos obreros reconocen que no ven reflejados sus propios idearios, pero que lo defienden como la única posibilidad de mantener fuera del gobierno al centro-derecha.

En todas las circunscripciones se presentaron listas unitarias del Frente Popular, aunque figuraban en los primeros puestos candidatos de los partidos de republica de izquierda y miembros del PSOE. El resultado -y en parte gracias a la propia ley electoral- fue una victoria, aunque estrecha, para el Frente Popular frente a la coalición de derechas (aunque no se presentaron en todas las circunscripciones unidos en este caso) formada por la CEDA de Gil Robles y el Bloque Nacional de Calvo Sotelo. El resultado, en realidad, no era una polarización entre una extrema derecha e izquierda en el parlamento. Por parte de la izquierda, la mayoría pertenecía a partidos republicanos de izquierda como IR, ERC o UR. Por su parte, el PSOE, aunque más radicalizado, no era mi mucho menos un partido comunista, y este, en su caso, apenas saco 16 diputados que solo consiguió por ir en coalición. Por la derecha, la mayoría eran de la CEDA, partido de derecha, pero que había aceptado la vía parlamentaria y que pretendía más bien cambiar el espíritu reformista de la república, más que establecer un régimen de otra clase.

Sea como fuera, los resultados hicieron que, incluso antes de que las Cortes se reunieran (esto fue en abril), la precipitada dimisión de Portela Valladares (que estaba de presidente interino) hizo que Azaña asumiera de nuevo la presidencia del gobierno. Como se preveía, este únicamente estuvo integrado por miembros de Izquierda Republicana y Unión Republicana, quedándose los socialistas fuera.  En cualquier caso, este gobierno puso enseguida en marcha del programa del frente popular.

La victoria del Frente Popular y el restablecimiento de la legislación del Bienio Progresista dieron lugar a que se pusiera en marcha la conspiración de un golpe de Estado por parte de la derecha, que si bien habían intentado cambiar la República por medio de la vía parlamentaria, al no conseguirlo decidieron esta otra vía, junto a unos oficiales del ejército y una oligarquía económica que se consideraban que todas aquellas medidas atentaban contras sus derechos.

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