La Segunda República y la Guerra Civil
El periodo entre 1931 y 1939, Segunda República española y Guerra Civil, es crucial en la historia de España, pues marcó el porvenir del país. Se enmarca, independientemente de las dinámicas internas, en la misma coyuntura europea: retroceso de las democracias y auge de las dictaduras y fascismos en un contexto de crisis económica. Observaremos a lo largo de los siguientes párrafos la forma en que se proclamó la República, las intenciones de modernización de los partidos republicanos y las fuerzas que se opusieron a las reformas. Estas últimas usaron primero la vía parlamentaria y, finalmente, la vía golpista en el 36, que ocasionó una guerra civil, antesala de la Segunda Guerra Mundial, que culminó con el triunfo de los sublevados y la instauración de la dictadura franquista.
Proclamación de la Segunda República
En lo que respecta a la República en paz (1931-1936) seguiremos las síntesis de Gil Pecharromán, La Segunda República (Historia 16, 1989); Jackson, La República española y la Guerra Civil (Crítica, 1976); y Casanova, República y Guerra Civil (Crítica, 2017). Estas últimas obras también nos servirán para el conflicto bélico, pues como se puede apreciar, la República se mantuvo durante este.
Para entender cómo esta se proclamó, debemos remontarnos a enero de 1930, momento en que Primo de Rivera dimitió tras siete años de dictadura. Alfonso XIII pretendió volver al sistema de la Restauración. Le entregó el gobierno a Dámaso Berenguer con tal misión, pero este no convocó elecciones ante el temor de que ganaran los republicanos; además, devolvió las garantías constitucionales lentamente. Ante esto, los partidos republicanos de derecha, izquierda y los socialistas se reunieron en San Sebastian en ese mismo año e hicieron un pacto para dar un golpe de Estado y establecer la república. El golpe llevado a cabo en diciembre de 1930 fracasó y el comité revolucionario fue apresado.
En febrero del 31 el nuevo presidente del Gobierno, el almirante Aznar, anunció un calendario de elecciones que comenzaba con las municipales. Estas se convocaron el 12 de abril del 31 y a ellas se presentaron en coalición los partidos del Pacto de San Sebastián. Estos las convirtieron en un referéndum sobre la república. Así, cuando se conoció que la coalición de republicanos y socialistas había ganado en las zonas urbanas, se entendió que el pueblo español ya no quería la monarquía. El día 14 de ese mes, los ayuntamientos de gran parte de España proclamaron la República y el comité revolucionario se convirtió en el Gobierno Provisional de la misma. Alfonso se exilió. Este proceso está bien narrado por el estudio de Carmelo Romero, Las elecciones que acabaron con la monarquía (La Catarata, 2023).
Gobierno Provisional
El Gobierno Provisional estaba presidido por Alcalá Zamora y formado por partidos de las tres tendencias del Pacto de San Sebastián. La pretensión de este Gobierno era establecer una democracia y convocar elecciones a Cortes constituyentes. Sin embargo, los numerosos problemas del país hicieron que el Ejecutivo empezara a realizar las primeros reformas por decreto-ley. En materia laboral se creó una nueva Ley de Contratos de Trabajos, así como los jurados mixtos; respecto a la cuestión agraria, se estableció el laboreo forzoso, se aprobó la Ley de Términos Municipales, se estableció la jornada de ocho horas para los jornaleros, así como salario mínimo para estos. En cuanto a educación, se inició la construcción de nuevas escuelas, la contratación de maestros y la creación de las misiones pedagógicas que pretendían alfabetizar a una población con un 60% de analfabetismo. En el caso del Ejército, Manuel Azaña hizo prometer fidelidad a la República a todos los oficiales y permitió el pase a reserva manteniendo sueldo a todos los oficiales que lo quisieran. Cerró la Academia Militar de Zaragoza y reestructuró la organización del Ejército para modernizarlo. En cuanto a los nacionalismos, tal y como se le indicó a Macià, que había proclamado la república catalana, se permitirían las autonomías en la futura constitución. Por el momento, Macià presidió la Generalitat catalana de forma provisional.
En cualquier caso, el Gobierno Provisional tuvo que hacer frente a la quema de iglesias de mayo del 31. Una vez más el anticlericalismo hizo acto de presencia y grupos radicales incendiaron iglesias y conventos en diversas ciudades del país, en concreto Madrid y el sur de España.
Periodo constituyente
En las elecciones constituyentes de junio de 1931, las fuerzas políticas que formaban el gobierno se volvieron a presentar en coalición, lo que les permitió obtener una amplia mayoría. Sea como fuere, entre el PSOE, que era el grupo mayoritario, y los republicanos de izquierda sumaban la mayoría absoluta. Los radicales eran el segundo mayor grupo. La derecha no republicana apenas sacó una treintena de diputados.
Las Cortes redactaron una nueva constitución, la del 31, que reconocía la soberanía popular, instituía unas Cortes unicamerales, así como amplios derechos tanto individuales y políticos como sociales. De igual manera, establecía un presidente de la República, que elegía al presidente del Consejo de Ministros, pero este último debía contar con el apoyo del parlamento. De cualquier modo, hubo dos grandes debates a lo largo de la tramitación: por un lado, la implantación del Estado laico, que hizo que Alcalá abandonara el Gobierno y fuera sustituido por Manuel Azaña; por otro lado, el derecho al voto de la mujer, en el que la cuestión principal era si se debía entregar inmediatamente, según defendía Clara Campoamor, o más tarde, de acuerdo a Victoria Kent. Finalmente se aprobó entregar el voto a la mujer, que también adquirió los mismos derechos que los hombres.
En diciembre del 31, las Cortes aprobaron la constitución. España tenía desde ese momento un régimen republicano y democrático, pero este nunca consiguió ser asentado ante unas fuerzas políticas de la derecha que se esforzaron en ponerle fin. Tampoco contribuyó en esta tarea la alta conflictividad social provocada por la lentitud y la limitación de las reformas en un contexto de crisis económica, la provocada por la crack del 29, que redujo las exportaciones agrarias e incremento el retorno a España desde América de emigrados, lo que incrementó la tasa de desempleo.
Bienio Reformista
Aprobada la constitución, comenzaba el Bienio Reformista. Como presidente de la República fue elegido Alcalá Zamora (que lo fue hasta 1936), con el fin de recomponer la coalición que había proclamado la República. El gobierno siguió a cargo de Manuel Azaña; en cualquier caso, su gabinete estuvo compuesto solo por republicanos de izquierda y socialistas, pues los radicales de Lerroux salieron del mismo.
Durante el Bienio se continuaron las reformas ya iniciadas anteriormente. Entre estas debemos destacar el establecimiento, de acuerdo a la constitución, de una escuela laica, obligatoria, mixta y gratuita. Se prohibió, además, que los religiosos pudieran dar clases y que las congregaciones pudieran poseer colegios; se eliminó la asignatura de religión. De igual manera, se empezó a separar Iglesia y Estado con leyes como la del matrimonio civil y el divorcio, pero sobre todo se aprobó la Ley de Congregaciones y Confesiones Religiosas, que entre otras cosas nacionalizaba el patrimonio de la Iglesia, aunque esta podía seguir usándolo para el culto. El rechazo de la Iglesia a la República fue inmediato, como demostró ya el cardenal Segura en una pastoral en 1931, que acabó con su expulsión de España.
Sea como fuere, las dos leyes que más debate causaron fueron el Estatuto Catalán y la ley Bases para la Reforma Agraria, ambas de 1932. La primera permitió que Cataluña tuviera sus propias instituciones y competencias exclusivas. Fue la única región que obtuvo la autonomía, ya que el estatuto vasco se aprobó iniciada la Guerra Civil en 1936 debido a la pretensión de incluir el catolicismo como seña de identidad vasca, algo que atentaba contra la laicidad establecida en la constitución. Respecto a la reforma agraria, lo que pretendía el gobierno republicano era solucionar el problema de la gran masa de jornaleros del sur de España. La ley, por tanto, pretendía entregar a los jornaleros tierras y los medios para que la cultivaran. Tales tierras serían aquellas que se expropiarían, con previa indemnización, en los latifundios del sur que no estuvieran cultivadas o lo estuvieran mal, así como la tierra arrendada.
Frente a la República y las reformas, católicos, monárquicos, oligarquía económica y una parte del Ejército se opusieron. Formaban la derecha no republicana, que asumió las tesis de la ultraderecha europea de una conspiración judeo-masónica que impondría el comunismo. Esta tendencia se fue organizando en partidos: la CEDA, Renovación Española, Comunión Tradicionalista y Falange Española y de la JONS. Ya en 1932, esta derecha protagonizó un primer golpe de Estado, la Sanjurjada, que acabó con Sanjurjo en prisión y la rápida aprobación del Estatuto Catalán y la Ley Agraria.
Por la izquierda, la CNT, controlada por la FAI, pretendía establecer el comunismo libertario por medio de levantamientos, algo que hicieron en tres ocasiones: Alto Llobregat (1932), Casas Viejas (1933) y la revolución de diciembre del 33. Como indica Casanova en su estudio del anarconsidicalismo, De la calle al frente (Crítica, 2010), esta tendencia se debió ante temor de perder influencia entre los trabajadores ante las reformas que se estaban llevando a cabo. Estos levantamientos, así como cualquier tipo de desorden, fueron siempre sofocados por el Gobierno, que tuvo que hacer uso de la controvertida Ley de Defensa de la República aprobada tras la quema de conventos de mayo del 31, así como de la Guardia Civil y la recién creada Guardia de Asalto. Los primeros actuaron siempre con desproporción contra cualquier conato de rebelión o manifestación, como los casos de Arnedo y, sobre todo, Casas Viejas.
Si bien se ha dicho que este último episodio acabó con el Gobierno de Azaña, la realidad fue que la represión tan solo propició que los socialistas se plantearan salir del ejecutivo ante el desgaste que les ocasionaba esta situación. En cualquier caso, fue el presidente de la República quien interpretó que este Gobierno ya no representaba la voluntad nacional, no por Casas Viejas, sino por las elecciones al Tribunal de Garantías Constitucionales en donde los candidatos del Partido Radical se impusieron frente a los gubernamentales. En septiembre del 33, el presidente de la República, Alcalá Zamora, destituyó a Azaña. Tras un breve Gobierno de Lerroux, quien no consiguió apoyo parlamentario, Alcalá convocó elecciones generales en noviembre. A estas se presentó la derecha no republicana en coalición, mientras que los socialistas y los republicanos de izquierda se presentaron divididos. La derecha no republicana consiguió casi 200 diputados, siendo la CEDA el grupo mayoritario tanto dentro de esta tendencia como en el conjunto de las Cortes. Le seguía de cerca el Partido Radical. Daba así comienzo al Bienio Conservador
Bienio Conservador
El presidente de la República se negó a que la CEDA formara parte del Gobierno y mucho menos que lo presidiera, ya que no se había adherido públicamente a la República y no confiaba en el accidentalismo del partido de Gil-Robles. El Partido Radical presidió el Gobierno, aunque a lo largo de los dos siguientes años se sucedieron varios gabinetes y se alternaron varios presidentes pertenecientes a este partido: Lerroux, Samper y Chapaprieta. La CEDA entregó al nuevo Gobierno, formado únicamente por radicales, su apoyo parlamentario, pero a cambio debía iniciar un programa rectificador de la legislación del Bienio Reformista. Así, se paralizó la construcción de escuelas y la secularización de la educación, se aprobaron derechos pasivos para el clero, se frenó la reforma agraria y se amnistió a los implicados en la Sanjurjada. A lo largo del Bienio, no hubo normalidad constitucional: las garantías constitucionales estuvieron suspendidas la mayor parte del tiempo, se intervinieron ayuntamientos gobernados por los socialistas y no se aplicaron las leyes sobre trabajo. Multitud de obreros y campesinos fueron despedidos.
En octubre de 1934, la CEDA amenazó con retirar su apoyo al Gobierno radical si no se les permitía entrar en el ejecutivo; Alcalá Zamora cedió y entraron varios ministros cedistas. Ante esto, los socialistas, que habían amenazado con la revolución si tal cosa sucedía, convocaron una huelga revolucionaria. Esta fue rápidamente sofocada por el Gobierno radical-cedista, aunque en el caso de Asturias se convirtió en una auténtica insurrección por parte de los trabajadores, que fue fuertemente represaliada por el Ejército de África comandado por Franco. En el caso de la Generalitat, presidida por Companys, se sumó a esta huelga proclamando la república catalana. Pocas horas después el gobierno catalán fue encarcelado. La represión se saldó con multitud de izquierdistas detenidos y el Estatuto catalán suspendido.
A lo largo del año 35, la derecha siguió derogando las reformas progresistas. La CEDA, en cualquier caso, provocó continuamente crisis de gobierno con el fin de tener cada vez más peso en en el ejecutivo. Incluso Gil-Robles se convirtió en Ministro de Guerra, lo que le permitió establecer en puestos estratégicos a generales propicios a un golpe de Estado en el caso de que la vía parlamentaria para modificar la constitución no fraguara.
A finales del 35 estalló el Escándalo Straperlo en donde estaban implicados ministros y miembros del partido radical. El presidente de la República, antes de entregar la Presidencia del Gobierno a la CEDA, convocó elecciones en febrero de 1936. A estas elecciones, la derecha no republicana se presentó dividida. En cambio, todos los partidos obreros, incluyendo el PSOE y el PCE, así como los republicanos de izquierda, se presentaron en una coalición llamada Frente Popular. De acuerdo al programa electoral, se restablecerían las reformas y se amnistiaría a los presos del Bienio Conservador. Se acordaba que los socialistas o partidos obreros no entrarían en el ejecutivo en caso de victoria de la coalición, pero apoyarían al gobierno burgués de republicanos de izquierda que se formaría.
El Frente Popular
La victoria fue para el Frente Popular que consiguió una amplia mayoría absoluta. En cuanto se conocieron los resultados, la derecha no republicana y sobre todo la CEDA denunció que había habido fraude, al mismo tiempo que se ponían en contacto con generales dispuestos a un golpe de Estado. La CEDA abandonaba la vía parlamentaria en su intento por acabar con las reformas y modificar la constitución.
Las presiones que recibió Portela Valladares, presidente del Gobierno interino, para que no reconociera los resultados acabaron con la dimisión de este. Alcalá Zamora entregó la Presidencia del Gobierno a Manuel Azaña, quien formó gobierno solo con republicanos de izquierda. A partir de ese momento se empezó a poner en funcionamiento las medidas acordadas en el programa electoral del Frente Popular. Además, en el sur de España los jornaleros comenzaron a ocupar fincas, algo que fue legalizado por el Gobierno, aunque indicándose que las indemnizaciones a los propietarios se entregarían posteriormente.
En abril se reunieron las nuevas Cortes. Lo primero que hicieron fue destituir al presidente de la República por haber convocado elecciones generales dos veces durante su mandato. En su lugar fue elegido Azaña. Este tenía un pacto con el socialista Indalecio Prieto para que presidiera el Gobierno; sin embargo, en el PSOE se impusieron las tesis de Largo Caballero para no entrar en el ejecutivo. Azaña nombró presidente al republicano Casares Quiroga.
Desde la victoria del Frente Popular, la conflictividad social disminuyó: las organizaciones obreras, incluida la CNT, estaban pendientes de la actuación del nuevo gobierno. Sin embargo, aumentó la violencia en la calle provocada por las unidades paramilitares de Falange, partido que estaba incrementado su afiliación. Atacaban objetivos de la izquierda, lo que era contestado por las milicias socialistas y comunistas. De hecho, las juventudes de ambas tendencias formaron las Juventudes Socialistas Unificadas. Lo que buscaba la derecha era crear desorden, al mismo tiempo que en las Cortes acusaban al ejecutivo del mismo. Por su parte, el PSOE radicalizó su discurso sobre la revolución ante la cada vez mayor visibilidad y auge del PCE.
El golpe de Estado y el inicio de la guerra
Mientras tanto, el general Mola preparó un golpe de Estado usando como base la UME (Unión Militar Española), bien estudiado por historiadores como Angel Viñas: ¿Quién quiso la guerra civil? (Crítica, 2019) y El gran error de la República (Crítica, 2021). El golpe comenzó con la sublevación de las guarniciones de Melilla, Ceuta y Tetuán el 17 de julio, mientras que Franco (destinado en Canarias) se puso al frente del Ejército de África. Entre el día 18 y 19, otras unidades militares lo hicieron en la península. El día 20 el golpe había triunfado en África y los dos archipiélagos, las capitales de Huelva, Sevilla, Córdoba y Granada, así como en las provincias de Cádiz y Cáceres, en Galicia, León, Castilla la Vieja, Navarra y Aragón. En el resto del país el golpe fracasó ya que el ejército allí mantuvo la lealtad al legítimo gobierno de la República. El golpe se transformó en una guerra civil (1936-1939), que ha sido tema de estudio tanto por historiadores locales como internacionales: a los ya mencionados de Casanova y Jackson, podemos añadir los de Preston, La Guerra Civil española (Debate, 2006); y Thomas, obra de título homólogo (Grijalbo, 1976).
Recursos de los dos bandos y apoyos internacionales
El bando sublevado disponía del 70% de la producción agraria, mientras que la República poseía el 80% de la industria, así como las reservas de oro del Banco de España. En cuanto a los recursos militares, los golpistas poseían la mitad del ejército, bien estructurado y jerarquizado, incluyendo el ejército de África, que contaba con las llamadas tropas moras. De igual modo, disponía de las unidades paramilitares de Falange y el Requeté. Por su parte, la República, después de la desmovilización de diversas unidades ordenada por Casares Quiroga, tuvo que armar a las milicias obreras y campesinas que se formaron. Cuerpos leales a la República fueron la aviación y la marina.
Lo que decantó la guerra hacia los sublevados fue el apoyo internacional. Los sublevados recibieron apoyo económico y militar de Alemania e Italia. La primera envió la Legión Condor, mientras que Italia envió tanto aviación (Aviación Legionaria) como infantería (Cuerpo de Tropas Voluntarias). Por su parte, la República no recibió ningún tipo de ayuda al crearse entre los países europeos, y apoyado por Francia y Reino Unido, el Pacto de No Intervención que impedía que ningún país colaborara militarmente o vendiera armamento a ningún bando. Evidentemente, los Estados fascistas no lo cumplieron. La República solo pudo comprar armamento a la URSS con el oro antes mencionado. También este país ayudó en el reclutamiento de las Brigadas Internacionales: miles de voluntarios de todo el mundo que venían a apoyar a la República, como dice Casanova, en una guerra que representaba la lucha por la democracia frente al fascismo, la modernidad frente al conservadurismo.
Violencia y represión
A lo largo de esos tres años, tanto en la zona sublevada como en la republicana se produjo una amplia represión: fusilamientos, paseos, sacas, etc. No obstante, entre ambas zonas existen amplias diferencias: número de asesinados, tipo de víctimas, verdugos y formas. Nos basamos, ante todo, en el estudio de Preston: El holocausto español (Debate, 2011).
Los sublevados asesinaron a 130.000 personas y la represión se llevó desde arriba, es decir, fueron las propias autoridades militares que habían tomado el poder quienes la autorizaron y la alentaron en cada momento, puesto que, como indicaron constantemente, estaban limpiado a España de indeseables; debían eliminar a los enemigos de España. Esos indeseables podían ser cualesquiera: militares leales, políticos de izquierda, sindicalistas, trabajadores y campesinos, maestros, homosexuales, funcionarios, así como mujeres. A estas últimas, además, se las humillaba y se las violaba.
En cualquier caso, la represión en donde el golpe de julio del 36 triunfó y en aquellas zonas que los sublevados tomaron en los años siguientes se basaba en el asesinato directo. Se trataba de utilizar el terror para someter a la población. Caso llamativo, pero no único, fue el genocidio que cometió Yagüe en Badajoz. En un segundo momento, y tras esa violencia inicial, la represión se realizaba por medio de consejos de guerra sumarísimos con el fin de darle apariencia de legalidad. Se impuso el principio de culpabilidad. Las condenadas eran la pena muerte o, en su caso, prisión y trabajos forzados. El juicio o la ejecución se esperaban en los más de 300 campos de concentración que se crearon. Una amplia parte de todas esas victimas se encuentras se encuentran a día de hoy en fosas comunes a lo largo de todo el país.
Por su parte, la represión en la zona republicana fue inferior: 50.000 personas. Esta represión fue desde abajo, pues fueron las propias milicias, que estaban armadas y habían tomado el control del territorio, las que la llevaron a cabo. Las víctimas fueron terratenientes, empresarios, políticos de derecha y, en especial, sacerdotes. Cabe destacar que las religiosas apenas sufrieron la represión; de hecho, consideraban que las estaban liberando. Muchas de las organizaciones obreras, en especial la CNT y el PCE, formaron las llamadas checas, una especie de servicios secretos extraoficiales que buscaban a los quintacolumnistas.
Mientras tanto, el Gobierno de la República intentó frenar la represión. Consiguió en los primeros momentos poner a salvo a muchas personas que podían ser represaliadas. De hecho, José Giral logró montar los Tribunales Populares con el fin de que las condenas fueran de acuerdo a la ley y el Estado de derecho. Esto permitió mitigar la represión, que solo afloró en momentos puntuales, como cuando se consideró que Madrid sería tomada por los sublevados, donde se inscribe la conocida como Matanza de Paracuellos, así como cuando el frente de Cataluña estaba a punto de caer en enero del 39.
Evolución de la España sublevada
En principio, los sublevados habían planeado que al frente del nuevo Estado se pusiera el general Sanjurjo; sin embargo, este murió cuando se trasladaba desde Portugal. Ante esto, los generales golpistas formaron la Junta de Defensa Nacional en Burgos, la cual estaba presidida por Cabanellas. Esta estableció el Estado de guerra y empezó a eliminar la legislación y derechos de la República.
Ante la insistencia de Italia y Alemania para que eligieran un dirigente con el que poder interactuar, la Junta de Burgos eligió en octubre del 36 a Franco como Jefe del Gobierno del Estado con todo los poderes, así como generalísimo de los ejércitos. La elección de este sobre todo se debía a que Franco fue el primero en negociar con las potencias fascista; además dirigía el Ejército de África y era, después de Cabanellas, el general de mayor antigüedad. Sea como fuere, Franco, tras su elección, no formó un gobierno, sino una Junta Técnica que le asesoraba.
La llegada a Burgos de su cuñado, Ramón Serrano Suñer, significó la institucionalización de un nuevo Estado bajo los parámetros de las potencias fascistas. Lo primero que se hizo en el 37 fue la creación de un partido único uniendo a Falange y a los carlistas: Falange Española Tradicionalista y de las JONS, cuyo jefe nacional era Franco. Por supuesto, se eliminó toda voz disonante tanto entre camisas viejas de Falange como entre carlistas.
En el 38 se aprobó la Ley de Administración Central del Estado. Se fijaba la división de la administración en ministerios y Franco formó su primer gobierno en donde ya estaban, como durante la dictadura siguiente, las cuatro familias del régimen: Ejército, Falange, monárquicos y católicos. La ley no limitaba de ninguna manera las funciones de Franco, que desde entonces ostentó tanto la Jefatura del Estado como la del Gobierno.
En ese mismo año se aprobó la primera ley fundamental del régimen, el Fuero de los Trabajadores, donde se recogían los derechos y obligaciones de estos. Tales derechos no los tenían los ciudadanos de forma intrínseca, sino por su apoyo al régimen. La ley tampoco era de directa aplicación, sino que tales derechos debían ser regulados por normas posteriores. Sea como fuere, se impedían las asociaciones de trabajadores y se sentaban las bases del futuro Sindicato Vertical.
Por otro lado, los golpistas transformaron el golpe en un Alzamiento Nacional; la guerra civil en una guerra de liberación contra el judaísmo y la masonería. De ahí su insistencia en la represión y la limpieza que estaban llevando.
La Iglesia, por su parte, dio un amplio apoyo a los golpistas y luego al régimen franquista, como dejaron ver en Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo en el 37. La Iglesia transformo la guerra en una cruzada. Como recompensa, esta institución volvió a tener un amplio poder, sobre todo en lo que respectaba a la educación. Los símbolos nacionales se unieron con los religiosos y la moral católica volvió a penetrar en la legislación. No es de extrañar que al régimen de franco se le conozca como nacionalcatolicismo.
Sea como fuere, la larga duración de la guerra y la desaparición de figuras como Mola permitieron a Franco asentarse en el poder. Al finalizar la guerra, este se había convertido en el caudillo, en una figura venerada tanto dentro como fuera del Éjército, lo que le permitió permanecer en el poder durante casi cuarenta años hasta su muerte en 1975.
Evolución de la España republicana
En cuanto a la zona republicana, Casares Quiroga dimitió el día 18 de julio de 1936. Al día siguiente, el también republicano, José Giral, formó Gobierno y entregó armas a las milicias para que defendieran la República, al mismo tiempo que montó los Tribunales Populares y solicitó infructuosamente ayuda a Francia. En cualquier caso, el gobierno perdió el control del país, ya que las milicias, sobre todo las anarquistas, comenzaron una revolución social. Estas, en diferentes regiones y localidades, formaron comités del frente popular, como el Consejo de Aragón. También empezaron a colectivizar los medios de producción.
Ante esta situación, en septiembre del 36, Manuel Azaña entregó el gobierno al socialista Largo Caballero por su cercanía con las milicias. Este formó un gobierno de coalición en donde había republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas. Formó las brigadas mixtas para organizar el ejército popular. Además, intentó establecer una economía de guerra, es decir, nacionalizar y controlar los principales medios de producción y sectores económicos para ganar la guerra, algo a lo que se oponía el recién creado gobierno vasco, así como la Generalitat catalana, que consideraban que atentaban contra sus competencias.
Pero esto también produjo una lucha entre las fuerzas obreras. Primero ganar la guerra y luego la revolución era lo que pretendías socialistas y comunistas. Sin embargo, el POUM y los anarquistas pretendían hacer la revolución y la guerra al mismo tiempo. Esto desembocó en mayo del 37 en una lucha armada en Barcelona entre unos y otros que acabó con la salida de Largo Caballero del Gobierno.
Entonces, otro socialista, Juan Negrín, asumió el gobierno. Lo primero que hizo este fue sacar del Consejo de Ministros a los anarquistas e ilegalizar el POUM, cuyo líder, Andreu Nin, fue represaliado y desapareció. De igual manera, consiguió recuperar el control político sobre la zona republicana. Para contrarrestar el poder de la Generalitat, trasladó la capital a Barcelona con el fin de que el gobierno controlara la industria.
Negrín intentó por todos los medios que se rompiera el Pacto de No Intervención o que se cumpliera por todos los países: como gesto de buena voluntad, en el año 38 retiró de España a las Brigadas Internacionales. Sin embargo, no consiguió su objetivo.
El desarrollo de la guerra
En cuanto al desarrollo de la guerra, entre julio y agosto se fijaron los principales frentes. Queipo de Llano consiguió unir las capitales sublevadas en Andalucía, mientras que Franco, con la ayuda alemana, consiguió llevar al ejército de África a la península en agosto y tomó Badajoz. En Aragón, las milicias populares, desde Cataluña fijaron los frentes a escasos kilómetros de las tres capitales, dividiéndose la región en dos. Por su parte, Mola tomó Irún con el fin de que el territorio republicano en la Cordillera Cantábrica no tuviera frontera con Francia.
A partir de noviembre, Franco pretendió tomar Madrid, pero esta resistió hasta el final bajo la dirección de la Junta de Defensa de Madrid. Ante esto, en el 37 Franco se centró en la Cordillera Cantábrica que cayó en pocos meses, pese a las ofensivas lanzas por la República en Brunete y el intento de tomar Zaragoza (en donde se dio la batalla de Belchite). Tras la pérdida del norte, la República intentó retomar la iniciativa lanzando la famosa batalla de Teruel en diciembre de 1937, ciudad que solo mantuvo durante unas semanas. De hecho, Franco inició una ofensiva en el frente de Aragón en marzo del 38 que le llevó hasta el Mediterráneo y a dividir el territorio de la República en dos.
La República lanzó la batalla del Ebro en julio de 1938, pero apenas pudo avanzar por territorio sublevado. Franco inició entonces una ofensiva sobre Cataluña en octubre; en febrero del 39 Cataluña fue tomada en tu totalidad por Franco, mientras 450.000 españoles cruzaban la frontera con Francia.
Incluso cuando cayó Cataluña en febrero del 38, Negrín era partidario de resistir: quería evitar la represión; de hecho, intentó negociar con Franco una rendición con el compromiso de que no habría más muertos. Por otro lado, también quería que la guerra civil se alargara para que quedara dentro de un conflicto mayor: la Segunda Guerra Mundial. Si esto último ocurría, la República recibiría el apoyo de las democracias europeas.
A principios de marzo del 39, el presidente de la República, Manuel Azaña, dimitió desde París. Al mismo tiempo, entre los oficiales del ejército e incluso entre diversas fuerzas políticas se consideraba que la negativa de Franco a negociar una rendición de la República se debía a que los comunistas estaban en el Gobierno. Así, el general Casado y el socialista Besteiro acabaron dando un golpe de Estado el 5 de marzo que derribó a Negrín. Los conspiradores formaron entonces en Madrid el Consejo Nacional de Defensa que intentó la negociación con Franco, del que solo se obtuvo, una vez más, la vaga promesa de que no correrían peligro quienes no tuvieran delitos de sangre. El día 28 las tropas de Franco entraron en Madrid sin que el CND ordenara resistir. En los días siguientes cayó lo que quedaba de la zona republicana. El 1 de abril del 39, Franco anunció el fin de la guerra.
Sobre los últimos meses del conflicto se encuentran monográficos como los de Ángel Viñas y Fernando Hernández, El Desplome de la República (Crítica, 2009); y el Preston, El final de la guerra (Debate, 2014).
Consecuencias
En cuanto a las consecuencias, como toda guerra, el coste humano fue masivo: España tuvo una pérdida demográfica de unos 650.000 personas: 480.000 fallecidos (unos en el frente, otros por enfermedades y hambre, y, como hemos visto, otros tantos por la represión, que además se mantuvo tras acabar la guerra) y 170.000 exiliados (México fue un destino usual del exilio español, entre otros países sudamericanos y europeos), entre ellos una amplia élite de intelectuales (profesores, escritores, científicos, artistas, etc.) y lo que ello supuso para la cultura y la ciencia española.
Económicamente, la industria quedó destrozada, campos sin cultivar, infraestructuras destruidas (como, por ejemplo, 250.000 viviendas) y una deuda de 300.000 millones de pesetas. El hambre , la desnutrición y la miseria de una amplia capa de la población española fueron la tónica de los años de la posguerra y de los años cincuenta.
La democracia, por otro lado, se perdió junto con los derechos, especialmente los de las mujeres, y se instauró una dictadura de casi cuarenta años. Además, el franquismo nunca buscó la reconciliación, sino que mantuvo la división entre vencedores y vencidos.
En resumen, como hemos podido comprobar, la República se proclamó con unas nuevas fuerzas políticas y sociales en el poder que intentaron la modernización de España. Frente a ellas, católicos, monárquicos, oligarquía económica y una parte del Ejército reaccionaron: primero, intentado la vía parlamentaria; cuando el Frente Popular ganó las elecciones en el 36, mediante un golpe de Estado que se convirtió en una guerra civil donde de fraguó el nuevo Estado franquista, cuyo triunfo se dio gracias al apoyo de las potencias fascistas.
BIBLIOGRAFÍA
CASANOVA, J. (2017): República y Guerra Civil, Crítica, Barcelona
GIL PECHARROMÁN, J. (1989): La Segunda República, Historia 16, Madrid
JACKSON (1976): La República española y la Guerra Civil, Crítica, Barcelona
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VIÑAS, A. (2019): ¿Quién quiso la guerra civil?, Crítica, Barcelona
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VIÑAS, A. y HERNANDEZ, F. (2009): El desplome de la República, Crítica, Barcelona